Con un calendario sobre la mesa que establece el cierre de la primera central nuclear (Almaraz) en 2027, los próximos meses serán cruciales para el futuro del sector en España. Y en esta campaña electoral, los principales partidos se han posicionado: el PP ha llevado a su programa una propuesta para "extender la vida útil de las centrales existentes", Vox incluso apuesta por la instalación de minirreactores, mientras que la izquierda pide mantener el cierre, unas intenciones ya plasmadas en la reciente revisión del PNIEC, el documento con la estrategia energética con la que España se compromete ante la UE.
Dirigentes de PSOE y Sumar, con Ribera y Yolanda Díaz a la cabeza, han arremetido contra la propuesta popular: desde el Gobierno, han insistido en que son las empresas las que no quieren por no tener, dicen, "sentido económico" y han planteado con insistencia la cuestión de "quién paga": según la ministra, el coste de cada una de las plantas es "tan grande que no es rentable; no es viable económicamente". Similares argumentos han dado desde el verde Sumar: en el programa defienden el cierre y hablan también de una "moratoria" para "cualquier iniciativa nuclear", abogan por sacar este tipo de energía del mercado marginalista, exigir revisiones e inversiones para el proceso de cierre e incluso aumentar los impuestos para las propietarias, con un incremento de la tasa de residuos radiactivos.
En medio de un debate que promete continuar tanto durante la campaña como después del 23J, el organismo que agrupa las empresas con intereses en el sector, Foro Nuclear, ha emitido una nota con un mensaje dirigido al Gobierno que salga de las urnas: "La industria nuclear española está totalmente dispuesta y abierta a colaborar con el Gobierno, responsable de la política energética del país, en las decisiones que se pudieran tomar sobre el futuro de la energía nuclear en España".
El organismo se "reafirma" en su "disposición a establecer un diálogo abierto y honesto" con el Gobierno en un momento en que el sector se juega su futuro. Un mensaje que deja claro que la opción de mantener el parque nuclear está sobre la mesa y que entronca con lo que señaló su presidente hace unas semanas cuando señaló que la pelota está en el tejado del Ejecutivo: "Si alguien decidiera que es necesario, las centrales están preparadas para funcionar muchos más años".
En la nota, el sector señala que están "absolutamente alineados con los principios de la descarbonización, la seguridad de suministro y la competitividad económica en beneficio de los ciudadanos y del tejido industrial de nuestro país". Apunta al respecto que "la energía nuclear tiene un papel significativo en la consecución de estos objetivos, tal y como se está reconociendo en Europa", una alusión a la etiqueta de verde que se otorgó a la energía nuclear y también al hecho de que en 2022, la energía nuclear aportó el 20,26% de energía eléctrica al sistema, un 3,6 por ciento más que el año pasado, con un 5,98 por ciento de potencia neta instalada.
Las condiciones del sector
También hace referencia a las condiciones para seguir operando, mencionando las viejas demandas del sector en alusión a la rentabilidad y la carga fiscal que soporta: "Consideramos que la energía nuclear debe ser tratada desde el punto de vista económico y fiscal de manera similar al resto de tecnologías para que sea viable".
En su encuentro con periodistas, Araluce señaló que querrían para la energía nuclear "una rentabilidad razonable" como ocurre con otras tecnologías y mencionó entre otros objetivos el de una "bajada impositiva". "Es el mayor gasto que tenemos las centrales", señaló; "no es ni el combustible, ni los equipos, ni los contratistas, ni los trabajadores, sino los impuestos y la tasa ENRESA", dijo en alusión a lo que pagan las empresas por la gestión presente y futura de los residuos nucleares.
¿Quién paga?
La nota, por último, también incluye una frase que responde directamente a la mención de la "factura" que, según la izquierda, tendrían que pagar los españoles en caso de seguir abiertas:
"Recordamos que el sector nuclear español se hace cargo de la totalidad de los costes operativos y en especial del coste de la gestión de los residuos radiactivos que se producen en las centrales nucleares".
En el acto con los medios, Araluce sostuvo que las centrales españolas "están al último grito" en inversiones y seguridad, que las compañías "las mantienen en su más alto nivel tecnológico" y apuntó que invierten 200 millones al año en su "puesta al día". "Técnicamente estamos preparados", sostuvo el presidente de Foro Nuclear que también habló de la factura de los residuos, 500 millones de euros al año. "Nosotros pagamos, y pagamos bien", defendió. En cuanto a las intenciones de las empresas, subrayó la importancia de que los propietarios de la central de Trillo solicitaran el pasado mes de marzo una licencia para continuar operando.