La economía española habrá recibido una inyección de 160.000 millones de euros entre 2022 y 2026, cuando se haya completado la ejecución del programa de "rescate" europeo denominado Next Generation EU. Los fondos comunitarios, que financian actuaciones en el ámbito de la digitalización o la descarbonización, están llamados a elevar el crecimiento potencial de la economía española.
Sin embargo, aunque las dimensiones del "rescate" no tienen precedentes –la combinación de fondos y créditos alcanza un volumen equivalente al 12% del PIB–, lo cierto es que el ritmo de mejora del PIB no ha experimentado mejora alguna con respecto a las cotas que se observaban antes de la pandemia y las previsiones de medio y largo plazo que se manejaban entonces.
Ciñéndonos a las expectativas macroeconómicas que ha reflejado el gobierno de Pedro Sánchez en su Programa de Estabilidad para los años 2022-2025, encontramos que la mejora del PIB planteada por el Ejecutivo será del 2,4% en 2024 y del 1,8% en 2025. Superado el efecto de la pandemia –que hundió un 10,8% el PIB de 2020 y propició un rebote del crecimiento con tasas del 5,1% en 2021, 4,3% en 2022 y 3,5% en 2023–, el ritmo de expansión de la economía de nuestro país volvería a moverse en torno al 2%.
Lo vemos en el siguiente gráfico:
¿Qué niveles de crecimiento teníamos en 2019, antes de la pandemia y del despliegue de los fondos comunitarios? Como refleja el gráfico anterior, el PIB estaba creciendo a un ritmo anual del 2,1%, que supone tres décimas menos que la previsión para 2024 y tres décimas más que la de 2025. De modo que, tras inyectar un volumen de fondos equivalente al 12% del PIB, la capacidad de crecimiento de nuestra economía seguirá siendo, en esencia, la misma que antes de semejante inyección de dinero público.
Esta circunstancia pone en tela de juicio el uso que se está haciendo de los fondos. Libre Mercado ya publicó en 2021 una nota informativa que alertaba del fortísimo repunte del gasto estructural derivado de los programas incluidos en el "rescate". De hecho, la AIREF estimaba entonces que 37.000 millones de la iniciativa Next Generation EU irían a reforzar el gasto estructural, en vez de a financiar inversiones capaces de disparar el crecimiento.
De igual forma, este diario publicó en 2022 otra nota informativa que denunciaba la exclusión del sector privado en buena parte de las adjudicaciones. Apenas el 14-17% de las empresas de nuestro país tienen previsto participar en las licitaciones y la patronal CEOE ha denunciado la burocracia que complica el acceso de esa minoría de mercantiles. De igual modo, el propio gobierno reconoce en su informe de Estadísticas de Ejecución del Presupuesto de 2022 que apenas el 30% de los fondos comunitarios llegaron a la empresa, mientras que 7 de cada 10 euros se los quedó el sector público.