España ha salido duramente golpeada de las dos últimas crisis económicas. En ambos casos se han repetido dos factores clave: (1) la producción se ha desplomado coincidiendo con un gobierno de izquierdas y (2) la recuperación ha sido mucho más lenta que en la mayoría de países de nuestro entorno. Ambas circunstancias han apuntalado un declive cada vez más evidente.
Es importante recordar que, si se evalúan los rankings de renta que elabora la agencia estadística comunjtaria Eurostat, los niveles observados en España ya son inferiores a los que se registran países como Polonia, Rumanía, Eslovenia, Lituania o Chipre. A este múltiple "sorpasso" hay que sumarle el hecho de que la nuestra ya ha sido la economía más rezagada de la OCDE entre 2019 y 2023, con la mayor caída del PIB y el mayor desplome del poder adquisitivo.
Todo esto nos obliga a echar un vistazo más a fondo en la evolución de nuestro modelo productivo. Y, si hacemos un mero ejercicio comparativo entre 2007 y 2022, lo cierto es que el número de personas registradas como trabajadores por cuenta propia o asalariados del sector privado ha experimentado un descenso muy acusado.
En el año 2007, España tenía un total de 14.126.000 personas trabajando en el ámbito empresarial, frente a las 13.845.000 del año 2022. De igual forma, el número de autónomos ha pasado de 3.623.000 a 3.092.000 efectivos durante ese mismo periodo. La caída acumulada, del 2% y del 15% respectivamente, supone una pérdida de 280.000 empleos privados y 531.000 trabajadores por cuenta propia. En suma, 811.000 ocupados menos en el ámbito de la empresa y el trabajo autónomo.
Durante el mismo periodo, España ha vivido un fuerte incremento del empleo ofrecido por el sector público, cuya plantilla total ha crecido de 2.970.000 a 3.526.000 trabajadores a lo largo del periodo 2007-2022, describiendo así una subida del 19% o, lo que es lo mismo, un crecimiento equivalente a incorporar 557.000 efectivos públicos.
La foto que emerge tras realizar este simple análisis es más que evidente. España ha potenciado el empleo público mientras ha permitido la destrucción del empleo privado y el trabajo autónomo. La consecuencia directa de esa España que le da la espalda al sector empresarial es evidente, puesto que los indicadores de desarrollo y bienestar socioeconómico han venido constatando el empobrecimiento relativo de nuestro país frente a otros de nuestro entorno.
He ahí la gran decadencia que enfrenta España: en menos de veinte años hemos pasado de ser una de las locomotoras del crecimiento y el progreso en Europa a convertirnos en una economía cada vez menos vibrante y dinámica y más dependiente del gasto público. Y todo sucede, además, con cargo a las generaciones futuras, puesto que la deuda pública ha escalado del 40% al 115% del PIB durante el periodo analizado, de modo que el modelo intervencionista que ha terminado por imponerse ni siquiera es sostenible financieramente hablando.