Hacienda necesita dinero para que Pedro Sánchez siga derrochando. Los mercados exigen cada vez más intereses por la deuda pública y las tensiones de gasto no cesan. La solución ha vuelto a ser la misma de siempre: retorcer a los contribuyentes y exigir más recaudación. En este caso, por medio de una campaña de inspecciones a las empresas que han repartido dividendos en la etapa del covid.
El Gobierno planteó básicamente tres tipos de mecanismos de emergencia empresarial en la etapa del covid. El primero, el de solicitar una asistencia financiera a la UE -fondos Next Generation- que no ha llegado de forma significativa a las empresas ni pasados ya tres años del arranque de la pandemia. El segundo, el de las líneas ICO, a las que se acogieron algunas compañías pero que consistía en dinero prestado de obligada devolución. Y un tercer sistema pensado realmente para los empleados y no para las empresas: los ERTE. No hubo más -si a esto se le puede llamar plan de rescate- porque, de hecho, se aplicaron subidas de impuestos en pleno covid.
Este último sistema, el de los ERTE, consistía en la obligatoriedad de sustituir los despidos por las pérdidas ocasionadas por la pandemia por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) de forma que, pasada la emergencia sanitaria, los afectados volviesen a trabajar y durante ese periodo de pandemia pudiesen cobrar con cargo a las prestaciones por desempleo.
El Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo incluyó un cambio adicional de gran importancia para las empresas: la limitación en el reparto de dividendos de aquellas sociedades que se acogieran a un ERTE siguiendo las causas recogidas en el artículo 22 de esta norma (fuerza mayor). El citado RD señaló que "las sociedades que se acojan a un ERTE por fuerza mayor no podrán repartir los dividendos correspondientes al ejercicio en el que se adoptaron dichas medidas, salvo en el caso de que la sociedad abonase previamente el importe de las cuotas de la seguridad social de cuyo pago hubiese quedado exonerada".
Pero, claro, se le olvidó destacar al Gobierno que el ERTE era imperativo al haber proscrito esa causa de despido durante el covid.
La norma, por otra parte, hizo hincapié en que la limitación alcanzaba a cualquier dividendo a cuenta del resultado de dicho ejercicio 2020. Y eso debería haber significado que, si el dividendo se refería al resultado de ese año, no podía afectar al dinero ganado por la empresa en otros ejercicios que nada habían tenido que ver con la pandemia ni con las supuestas ayudas recibidas -que, por cierto, en la inmensa mayoría de los casos, no llegaron-. ¿Había, por lo tanto, una manera de mantener el reparto de dividendos a unos inversores que, en caso contrario, venderían sus acciones para irse a compañías más rentables? Sí. ¿Cómo? Pues cargando a las reservas -creadas con beneficios pasados- el mencionado dividendo.
Pues bien, ahora, Hacienda ha decidido hacer una interpretación libre y lanzar una campaña de actas fiscales e inspección a las empresas que repartieron dividendos con cargo a reservas. Y ahí hay empresas grandes -que podrán costear la batalla legal o judicial contra la Agencia Tributaria- y pequeñas -muchas de las que tendrán que firmar en conformidad y pagar ante la evidencia de que una pelea judicial larga puede ser mucho más perjudicial e insegura para ellos-. Especialmente porque, para pleitear con Hacienda, primero hay que pagar.
No se trata de la primera cacicada oficial que soportan las empresas en el último año. Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno ha lanzado otra campaña de inspección en las que se elimina explícitamente la presunción de inocencia y se abren procesos de control a las empresas por el mero hecho de contratar con una empresa de trabajo temporal (ETT). Toda una campaña de coacción en la que se califica de "fraude de ley" la utilización "recurrente de la contratación a través de ETT", porque las cartas remitidas a las empresas dan por hecho que se trata de contratos "para la cobertura de necesidades estructurales de la empresa usuaria".
Traducido: la Inspección no tiene indicios ni pruebas de nada ilegal, pero inicia las labores de control pasando por encima de la presunción de inocencia. Y ello con el fin de "cubrir esos puestos de trabajo estables con contratos indefinidos ordinarios", tal y como deslizan las cartas a las empresas con toda claridad.