Aún hay más de 20.000 personas en ERTE. Y, ahora, los socios del Gobierno piden que se vuelva a extender esa figura de forma masiva, como ocurrió en la pandemia, para incluir todos los despidos que pueden tener como causa el incremento de costes de la energía. Ni un sola empresa se ha visto libre del encarecimiento energético con lo que esa medida supondría abrir la mano a todos los despidos.
El documento con la petición de extensión masiva de los ERTE ha sido presentado en el Congreso por Compromís. Pero se trata de una propuesta que ha sido ya discutida y defendida verbalmente por la mayoría de socios del Gobierno de Pedro Sánchez.
Compromís señala en su "exposición de motivos" que "la experiencia a raíz de la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19, ha mostrado la importancia y la eficacia del recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo, como mecanismo de flexibilidad interna de las empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destrucción de empleo característica de crisis anteriores". El partido añade que "para ello se han reforzado las medidas de flexibilidad laboral con un doble objetivo: proteger el empleo ante las crisis económicas y las dificultades del mercado y acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano, del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad".
Y la formación de Joan Baldoví y Mónica Oltra quiere usar ese mecanismo para cortar en seco los despidos provocados por el coste de la energía. "Como consecuencia del impacto que el coste energético", por ejemplo en el sector textil, Compromís considera que la situación temporal que vive "tiene su origen y su amparo en la fuerza mayor, considerada como un hecho externo al círculo de la empresa, independiente de la voluntad del empresario, y con graves consecuencias en orden a la prestación de la actividad, existiendo una "desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación de la empresa", como ya estableciera el Tribunal Supremo en sentencias de 12.7.1990 o 28.9.90".
Compromís apunta igualmente al "subsector de acabados" que "se encuentra en el centro de la cadena de valor del textil", donde los "insostenibles aumentos de precios de las energía y en especial el gas, ponen en grave riesgo la viabilidad y la continuidad de la actividad de muchas empresas. La pérdida de una parte de la producción, en el intermedio de la cadena de valor, afectará gravemente a todo el sector textil".
Para el partido de Baldoví, "la legislación laboral actual no recoge una definición de lo que debe entenderse por imposibilidad objetiva sobrevenida a efectos de considerar que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, si bien podemos acudir a la interpretación doctrinal de la misma a efectos de justificar la adopción de medidas de reducción o suspensión temporal de los contratos de trabajo. La Sala IV del Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de julio de 2015, "un suceso que está fuera del círculo de actuación de la empresa, que no ha pedido preverse, o incluso en ese caso, que fuera inevitable".
Y por ello, Compomís considera que "en una situación como la creada por el incremento de los precios del gas, los medios de la empresa estarían disponibles para la prestación de la actividad y los trabajadores quedarían a disposición para poder tener ocupación efectiva, pero la realidad es que, a mayor producción, con este desorbitado incremento de costes, se producen mayores pérdidas económicas para las empresas dependientes del suministro intensivo del gas. Costes que no pueden ser repercutidos al cliente final, de forma que, si bien aparentemente nos encontraríamos ante una situación económica negativa, el origen de la misma es provocada por unos hechos imprevisibles, inevitables y que quedan fuera del ámbito de actuación de la empresa, elementos estos determinantes de la fuerza mayor".
En base a ello, el socio del Gobierno reclama que se adopten "las medidas laborales específicas para considerar que las reducciones de jornada o la suspensión de los contratos de trabajo que tengan su origen en el incremento de los costes energéticos, sean consideradas producto de una situación de fuerza mayor, prevista en el artículo 47 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, con la aplicación de exoneraciones en el pago de las cotización a la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión/reducción, que sin embargo serán consideradas como efectivamente cotizadas por la persona trabajadora". Y esa petición, claro está, podría ser esgrimida por todos los sectores con elevación de costes energéticos. Es decir, todos.
Compromís pide, además, "incorporar al listado del anexo del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad", al subsector de acabados del sector textil como actividad incluida para la compensación de los costes adicionales debido al aumento excepcional de los costes del gas natural.