Junts per Cataluña ha puesto precio para que los siete diputados que tiene en el Congreso voten favorablemente a una hipotética investidura de Pedro Sánchez: 450.000 millones de euros. Entre las muchas partidas que engordan la factura que reclama el partido independentista, sorprende ver las cantidades adeudas al Estado por el concepto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El FLA se engloba dentro de lo que se conocen como mecanismos adicionales de financiación (Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas desde 2014). Los citados mecanismos no son más que varios instrumentos que el Gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas para que pudieran obtener financiación a tipos muy favorables durante la crisis económica, ya que en ese momento los mercados habían dejado de prestar dinero a las autonomías o, de hacerlo, exigían unos tipos de interés muy elevados.
En el caso particular del FLA, el Estado es quien acude a los mercados y después ofrece estos recursos en forma de préstamos a las comunidades autónomas que lo necesiten. El acceso a este y otros recursos requería (y requiere) aprobar un plan de ajuste y cumplir con una serie de objetivos de estabilidad presupuestarios. Asimismo, también se debe informar al Ministerio de Hacienda sobre la situación y evolución de las finanzas regionales de tal modo que se pueda comprobar que se cumple con los planes de ajuste.
El total de fondos transferidos a través de este mecanismo ronda los 275.000 millones de euros. Cataluña ha sido la región que más dinero ha recibido, con más de 100.000 millones de euros. La Comunidad Valenciana también ha hecho uso del citado Fondo por un importe de 80.000 millones de euros. En el lado opuesto, las forales, Madrid, Galicia y Castilla y León no han precisado recursos del FLA.
En todo caso, los préstamos concedidos por el Gobierno central han tenido condiciones muy ventajosas, ya que su coste se encuentra por debajo del nivel esperable de haber acudido las CCAA a los mercados. De acuerdo con estimaciones de Fedea, en los años iniciales, el diferencial podría haber rondado los 600 puntos básicos en beneficio de las comunidades autónomas. De hecho, el gasto en intereses de las comunidades autónomas se triplicó entre 2005 y 2012, pero una vez que entran en juego estos mecanismos extraordinarios de liquidez, la citada partida se reduce de manera considerable.
Así, tal y como se muestra en el gráfico de abajo, los mecanismos extraordinarios de liquidez han permitido mitigar el encarecimiento de la financiación de la deuda pública desde 2012 en adelante, en forma de un menor gasto en intereses como porcentaje del PIB.
¿Cuánto ha permitido ahorrar esta política a las comunidades autónomas y a Cataluña? Según las estimaciones realizadas por Ángel de la Fuente, el conjunto de las comunidades autónomas logró ahorrarse cerca de 5.000 millones de euros, siendo Cataluña la más beneficiada, con 2.274 millones de euros. Para llegar a esta estimación, calcula el coste de financiación de la deuda autonómica en caso de que las autonomías hubiesen acudido al mercado. Parte del supuesto de que una tercera parte de los préstamos concedidos a las comunidades autónomas paga el tipo de interés de mercado del año en el que se conceden dichos préstamos, mientras que las dos terceras partes restantes se refinancian cada año para aprovechar la posible caída de tipos que se registra a partir de 2013. Restando el volumen total gastado en este caso hipotético al gasto en intereses de los mecanismos extraordinarios, se obtienen las cifras mostradas en el siguiente gráfico.
Si bien el resto de las partidas que exige Junts per Cataluña como pago de sus votos también se basan en argumentos endebles o inexistentes, reclamar la condonación de la deuda del FLA es de todo ilógico.
De no haber sido por este mecanismo de liquidez, Cataluña, como otras muchas comunidades autónomas, se hubiera tenido que enfrentar a una restricción presupuestaria mucho más dura (recortes y subidas de impuestos). Además, en términos políticos, es difícil que solo se perdone la deuda a Cataluña y no al resto de comunidades autónomas. El total de pasivos autonómicos en manos del Estado derivados del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas asciende 187.000 millones de euros (algo más de 70.000 millones de euros corresponden a Cataluña). Una deuda que, en todo caso, no saldría gratis, ya que la pagaríamos todos los españoles.