España no podrá quejarse por el generoso apoyo económico de la Unión Europea destinado a revitalizar la economía. Con la evaluación positiva que la Comisión Europea ha hecho de la Adenda al Plan de Recuperación y tras la previsible aprobación del Consejo en las próximas semanas a la modificación del plan español, los fondos totales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para nuestro país ascenderán a 163.000 millones de euros, el equivalente al 12% del PIB, incorporando 7.700 millones en ayudas no reembolsables, 2.600 millones correspondientes a la estrategia REPowerEU y 83.000 millones del tramo de préstamos.
No obstante, una mirada analítica y detallada de la gestión y ejecución de las inversiones financiadas con los fondos europeos, refleja la incapacidad del gobierno para capitalizar la mayor oportunidad que ha tenido nuestro país para transformar y modernizar el tejido empresarial e industrial.
En los próximos años, se acumularán a estos recursos 36.700 millones de Fondos Estructurales para el periodo 2021-2027 que habremos de ejecutar conjuntamente. A pesar de la retórica positiva y la propaganda gubernamental, hemos mostrado una secular y notable lentitud administrativa en la gestión de las ayudas que ha preocupado al Comisario Gentiloni quien ha instado al gobierno a dotarse con recursos suficientes para agilizar la gestión de los fondos europeos.
Las proyecciones, inicialmente prometedoras, sobre el impacto del Plan de Recuperación en el PIB de España, se han desvanecido por el escepticismo derivado de la experiencia de casi de tres años a vueltas con la gestión de estos fondos y tras la frustración de las expectativas que el gobierno generó en el sector empresarial.
Nos prometían un impacto medio en el PIB del 3% de media anual entre 2021 y 2031, pero la realidad de la ejecución quiebra los deseos del gobierno como la galerna cantábrica desarbola a un pequeño velero.
Según la propia Comisión Europea, apenas un 10% del total del bloque de ayudas, equivalente a 7.600 millones de euros, ha sido realmente desembolsado en 2021 y 2022. En 2023, el ritmo de ejecución, según datos actualizados de la IGAE, muestra una desaceleración alarmante.
En todas las fases contables de la ejecución presupuestaria, el ritmo de 2023 es inferior a 2022 y los pagos realizados hasta final de agosto ascienden a un 16% de 35.904 millones del presupuesto de este ejercicio.
La evaluación de la Comisión Europea y los documentos que acompañan su decisión, resaltan dos cuestiones irrefutables sobre la gestión gubernamental: una notoria falta de eficiencia y transparencia que, además, podría tener repercusiones negativas en el largo plazo. Esperamos desde abril para conocer el listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos, tal y como han comunicado ya 19 países de la Unión Europea.
Que se proceda a modificar de 69 hitos y objetivos a través de la Adenda supone un replanteamiento significativo del Plan inicial que podría haberse evitado con una planificación más meticulosa y una participación real y efectiva de los actores clave en la ejecución del plan, incluyendo tanto a CCAA y Ayuntamientos, como a representantes de la sociedad civil, partidos políticos y asociaciones empresariales. Sobre el vacío de Cogobernanza reposan las deficiencias en la gestión del gobierno.
La Adenda, en su esencia, revela una preocupante falta de ambición al desaprovechar la oportunidad de financiar con intensidad deducciones fiscales que incentiven una mayor inversión y dinamización económica. Una nueva oportunidad perdida para que los fondos fluyan eficientemente al tejido empresarial, especialmente hacia pymes y autónomos.
Gracias a la Comisión conocemos el aplazamiento y rediseño de medidas del plan inicial que Calviño ha ocultado deliberadamente para evitar mostrar las deficiencias en la ejecución del gobierno. Esto, junto con la falta de transparencia en la canalización de los fondos hacia la economía real, siembra dudas sobre la eficacia del plan.
La Comisión Europea confirma retrocesos en el programa destinado a la rehabilitación de viviendas para la recuperación económica y social en entornos residenciales, retrasando un año el objetivo de ejecutar 231.000 actuaciones de renovación.
Además, también se ha retrasado y reducido el objetivo del hito 29, de finalización de actuaciones de rehabilitación, disminuyendo desde 510.000 a 410.000, lo que limita el alcance y el impacto inicial del programa. La justificación es el incremento de los costes de los insumos y una inflación, que el gobierno desliza cuando le interesa, que ya está bajando.
Los retrasos también alcanzan a proyectos cruciales de agroalimentación y energía. La dilación en la entrada en funcionamiento de laboratorios de salud animal y de sanidad vegetal en dos años y medio, así como en proyectos piloto relacionados con la energía en comunidades locales debido a procedimientos administrativos más largos de lo previsto inicialmente, reflejan una falta de agilidad en la ejecución de proyectos esenciales para la resiliencia sanitaria y energética del país.
La Administración Pública también ha retrasado sus objetivos de modernización, sorprendiendo como un gobierno tan ideologizado en su vertiente medioambiental rebaja su ambición de alcanzar 7.000 vehículos cero o bajas emisiones a 5.500 y lo retrasa al cuarto trimestre de 2024. ¿Cómo ha permitido esto Teresa Ribera?
El gobierno, experto en diseñar políticas alejado de la realidad empresarial, tiene que retrasar un año los objetivos de emprendedores y pymes que tenían que beneficiarse de medidas para potenciar el ecosistema emprendedor. El motivo, procedimientos administrativos más largos de lo previsto y la necesidad de ajustar la convocatoria por falta de demanda del sector privado. Por los mismos motivos, se retrasa un año la consecución de empresas apoyadas por el Programa de capacidades para el crecimiento de las pymes.
No hay componente del Plan que no tenga modificaciones de alcance, en empleo y reciclaje profesional, retrasos y reducción de empresas beneficiarias del Kit Digital, desajustes en educación y formación, etc..
En resumen, frente la opacidad del Gobierno, la Comisión ha revelado los desaciertos en el diseño y gestión del Plan de Recuperación que limitan la capacidad de España para incrementar nuestro potencial de crecimiento. Los retrasos, las reducciones en los objetivos y la falta de transparencia son indicativos de una gestión que requiere revisión y mejora sustancial para cumplir con las expectativas del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, si queremos garantizar un impacto positivo y duradero en la economía, es imperativo corregir el rumbo y contar con quienes más y mejor conocen las necesidades del país.