Bruselas ha dado el visto bueno este lunes a la adenda del Plan de Recuperación presentada por el Gobierno español. Y no es un trámite cualquiera. Todo el mundo esperaba este resultado pero, aunque fuera previsible, sigue siendo una gran noticia para el Gobierno. Hablamos de unos 93.500 millones de euros (83.200 en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones) que en Moncloa saben que tienen a su disposición. Ahora queda que los estados confirmen el dictamen a lo largo del próximo mes, pero sería una extraordinaria sorpresa que hubiera algún pero. A efectos prácticos, Pedro Sánchez y Nadia Calviño (o su sucesor) ya pueden hacer como si tuvieran el dinero en la cuenta.
¿Y esto qué significa? Pues que el Gobierno coge aire. Mucho aire. 93.500 millones de bocanadas. Porque los fondos de Bruselas dan un enorme margen de maniobra a los ejecutivos nacionales. Que sí, que deben cumplir unas normas y hacer como que tienen mucho interés en los deberes que les impone la Comisión Europea. Pero que, en el fondo, también saben que los vigilantes de comunitarios ladran más de lo que muerden. ¿Alguien se imagina una congelación de esos fondos por algún incumplimiento futuro? Pues eso...
En cualquier caso, más allá de la discusión sobre la oportunidad o no del Fondo de Recuperación o sobre cómo se está usando el dinero en cada país, lo que quedan son un puñado de conclusiones:
- En Bruselas, la política nacional importa lo justito. En este punto, los gobiernos manejan una mezcla de un pragmatismo que les lleva a no meterse en líos y la prudencia del que sabe que les puede tocar a ellos dentro de unos meses. Ya sea por principios (o falta de ellos) o por no abrir una puerta peligrosa, lo cierto es que parece muy complicado que los acontecimientos nacionales impidan que el dinero llegue al Gobierno que tiene derecho al mismo. Ni siquiera con Viktor Orban (con quien sí hay enormes diferencias de criterio) la sangre ha llegado finalmente al río. Tampoco lo hará por un Puigdemont, una amnistía o un referéndum. Para empezar, porque no olvidemos que el expresidente catalán vive de forma relajada en Waterloo, en territorio de la UE; y para seguir, porque nadie va a prestar oídos a los debates que tenemos en España sobre el daño que Sánchez hace a las instituciones. ¿Ruido de política interna? Ni caso. Si alguien tenía alguna duda (o esperanza) que la pierda.
Ni siquiera en el terreno económico, lo que un Gobierno haga o deje de hacer, por dañino que parezca a sus ciudadanos, tiene demasiada importancia a la hora del acceso a los fondos.
- Mientras el déficit esté controlado (o lo parezca) los fondos llegarán. En realidad, llegarían incluso aunque no estuviera controlado, siempre que pueda decirse que el saldo está mejorando o, al menos, no empeorando demasiado. España lleva quince años, con gobiernos de PP y PSOE, saltándose a la torera los objetivos de déficit. En los últimos tres ejercicios, de hecho, ni siquiera podía decirse que hubiera objetivos, porque se habían suspendido en la práctica con la excusa de la pandemia-guerra. Para 2024, en teoría hay que volver a cumplir con límites más estrictos, pero tampoco parece que estemos en un modo de máxima exigencia.
Hace unos días, el Banco de España publicaba un documento que resume la situación: El Semestre Europeo 2023 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: habrá un "nuevo marco de gobernanza fiscal", que será más flexible, con objetivos más a medio plazo y con planes individualizados para cada país. Todavía estamos ahí. ¿Eso quiere decir que el Gobierno puede hacer lo que quiera con el déficit? No, algún gesto hay que hacer. Pero es que se está haciendo, o al menos eso puede decir el Gobierno, que presentará una reducción del déficit desde el 4,73% del PIB (sin ayuda financiera) el año pasado al entorno del 4% para éste y mirando de reojo al 3,5% para el que viene. La crítica que se puede hacer es que ha desperdiciado una recaudación histórica, fruto en buena parte de la inflación, para hacer un ajuste real en las cuentas públicas. Pero este argumento, en Bruselas, no tiene demasiado peso. ¿El déficit está bajando? Pues bien está.
Esto quiere decir que los 94.000 millones estarán a disposición de Sánchez. También que el control sobre el cumplimiento, sobre cómo se gasten, sobre la gestión de los mismos... será laxo. Nadie quiere que haya escándalos de corrupción como los que han manchado la imagen de otros programas comunitarios, pero el control sobre el terreno es complicado. E incluso si olvidamos la corrupción (que es mucho olvidar) está la cuestión de si la enorme cantidad de fondos movilizada por la UE cumplirá sus metas (modernizar y dinamizar una economía europea que se queda cada vez más rezagada respecto a la americana y que ve cada vez más cerca a las asiáticas). Tampoco en este punto debemos esperar demasiado.
- De las pensiones al mercado laboral, lo que genera debate en cada país apenas supone un movimiento de cejas para los comisarios. Gobiernos en la Eurozona los hay de todos los colores. Casi podríamos decir que cada vez son más diferentes entre sí. La Comisión lo sabe (no deja de ser un órgano político formado por políticos de los países miembros) y no puede priorizar a unos frente a otros. Por eso, en los asuntos realmente importantes, los que definen el crecimiento económico de u país a medio plazo, no se mete. En cada país, tienen lo suyo: aquí, en España, lo que nos preocupa son pensiones y mercado laboral. Pero pensar que van a hacer el trabajo por nosotros en Bruselas es una ingenuidad. Tampoco tendrían por qué hacerlo. Recuerden el punto dos: lo que miran es que haya una senda para la reducción del déficit. Y lo miran con una enorme credulidad: vamos, que se tragan lo que cada Gobierno les dice si es mínimamente plausible.
Las reformas se tienen que aprobar a nivel nacional. ¿Y si no se hacen o se hacen mal? Pues el país en cuestión crecerá menos. Cero preocupación en la Comisión: y esto no es una crítica, por qué van a enfangarse ellos en lo que los políticos españoles no se atreven a afrontar.
- La flexibilidad es máxima. Al hilo de lo que decíamos en el epígrafe anterior, cada vez que se conocen las recomendaciones de la Comisión o las promesas de los gobiernos, todos hacemos lo mismo, empezando por los periodistas: corremos a echar un vistazo a los asuntos más polémicos, para ver qué es lo que pide Bruselas o cuáles son los planes de los ejecutivos nacionales. Pero, como hemos comprobado en las últimas horas, lo que se pone negro sobre blanco tiene un valor relativo en la capital comunitaria, donde todo esta sujeto a negociación. La flexibilidad de la que disponen los dirigentes de cada país es enorme. Y esto no es sólo para España o a causa de que Pedro Sánchez cambié de versión cada 15 minutos. Todos los países, todos los gobiernos, de todas las ideologías, actúan igual. No hablamos de cuestiones menores. Por ejemplo, lo que más titulares se ha llevado en España en los últimos meses han sido las pensiones y los peajes. ¿El Gobierno prometió o planteó lo que los periodistas reprodujeron? Sí. ¿Estará obligado a llevar adelante las medidas más polémicas? Ni de broma.
Por ejemplo, lo de cobrar un peaje por el uso de todas las autovías estaba planteado desde Moncloa en un lenguaje que no dejaba lugar a dudas: era un compromiso firme; pero al final se ha caído. La Comisión ha dicho que existen "circunstancias objetivas" que justifican el cambio. Ahora lo que tendremos es el mucho más descafeinado "medidas de impulso del transporte ferroviario de mercancías". Pero el Ejecutivo comunitario asegura que el Gobierno español "mantiene el mismo nivel de ambición" en lo que respecta a la reducción de emisiones. Traducción bruselense-castellano: "Ustedes verán, a nosotros esto nos importa lo justito".
Además, siempre hay que tener en cuenta un factor añadido: muchas veces, el argumento del Gobierno de turno sobre la exigencia comunitaria no es más que la excusa que usan un presidente que quiere aprobar una reforma impopular y cargarle el muerto a otro. Por mucho que escuchen a un ministro decir que Bruselas les obliga, no le crean: obligar (lo que se dice obligar)... tirando a poco.
- Para que te traten como a Grecia, tiene que haber una degradación (interna y externa) como la de Grecia. Desde que se instauró el euro (hace ya más de un cuarto de siglo, si contamos el período previo a la integración plena de las monedas nacionales) ha habido muchos pequeños temblores, pero sólo un terremoto, el que protagonizó Grecia entre 2010 y 2015, especialmente en los seis primeros meses de aquel año, cuando Syriza y Alexis Tsipras llegaron al Gobierno. Ahí sí hubo peligro de ruptura de la moneda única y sí se impusieron a Grecia, antes y después de aquel semestre de máxima tensión, medidas impopulares, que sus gobiernos no hubieran adoptado por sí solos.
Lo que ocurrió en aquellas semanas en las que la Eurozona vivió peligrosamente es un recordatorio doble: en primer lugar, de que si hay crisis, aquello se convertirá en un sálvese quien pueda y la solidaridad entre países se irá a hacer gárgaras. Pero también de lo mucho que se tiene que embarrar el terreno de juego para que un Gobierno realmente se vea en problemas. Si lo traemos a la política española: ¿puede hacer Sánchez lo que sea? No, lo que sea no... pero tiene muchísimo margen. No parece que en los próximos dos años, por ejemplo, tenga que preocuparse por este flanco. Al contrario, lo que hemos sabido esta semana es que dispone de casi 100.000 millones extra para engrasar negociaciones políticas.