Los países de la Unión Europea (UE) han llegado este martes a un acuerdo para reformar el mercado de la electricidad. Finalmente, Alemania y Francia, que estaban enfrentadas por el tratamiento que se le iba a dar a las nucleares, han firmado a favor. Hungría es el único país que se ha mostrado en contra.
"Me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos por vuestro espíritu constructivo", ha celebrado la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de que los ministros de Energía de los Veintisiete estallaran en aplausos.
El texto final tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, con el objetivo de finalizar la reforma antes de que acabe el año. La ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, tomó la palabra tras el pacto para subrayar que se ha encontrado un "equilibrio que habrá que preservar estrictamente" en la negociación con la Eurocámara.
La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la industria eléctrica querían acometer el ajuste de mercado y coincidían en las grandes líneas: facilitar el despliegue masivo de renovables y disminuir la dependencia rusa.
Francia y Alemania estaban enfrentadas a propósito de la energía nuclear debido a que el país germano ha llevado a cabo un plan de cierre nuclear en su país sin precedentes y que ha resultado un profundo fracaso.
Algunos detalles
Alemania (con el apoyo de socios de Países Bajos, Dinamarca, Italia o Luxemburgo) teme que Francia (con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta) consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria a través de los llamados contratos por diferencia (CfD), mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes.
Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelve al diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
París quería que su parque potente nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD, mientras que Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana. El cisma eléctrico, prácticamente inalterado desde que la Comisión Europea presentara su propuesta original el pasado marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19.b, que regula esos contratos.
Finalmente, se acordó que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías, pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática sino que -como hasta ahora- tengan que obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado.
Otro impuesto climático
Por otro lado, la Unión Europea quiere introducir en la cumbre climática COP28 la idea de que el sector de los hidrocarburos haga una "contribución financiera" al desarrollo, como germen de un posible impuesto global para que las empresas de hidrocarburos contribuyan a que "los países vulnerables puedan adaptarse al cambio climático". Como es habitual, si finalmente imponen este tributo, lo acabarán pagando los conductores.
Así queda reflejado, aunque con cierta ambigüedad, en el mandato negociador de la UE para la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Dubai a partir del 30 de noviembre, aprobado este lunes por los ministros de Medioambiente de los Veintisiete.
El texto oficial, que aún no es público pero ha podido consultar EFE, anima a "identificar fuentes de financiación nuevas e innovadoras, incluido el sector de los combustibles fósiles, con el fin de ayudar a los países más vulnerables a mitigar y desarrollar resiliencia contra el cambio climático".
"Sí, es una primera aproximación muy abierta donde queremos destacar que necesitamos mecanismos innovadores de financiación climática y donde los actores no pueden ser solo los actores públicos", respondió hoy la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
La titular española en funciones será una de las negociadoras del bloque comunitario en Dubai, en representación de la presidencia del Consejo de la UE que este semestre ejerce España, en tándem con el nuevo comisario europeo de Acción Climática, el neerlandés Wopke Hoekstra, quien también ha barajado públicamente ese concepto.
En su reciente audiencia ante el Parlamento Europeo para presentar las líneas maestras de su acción como comisario, Hoekstra criticó la industria petrolera -pese a que trabajó brevemente para la petrolera Shell al acabar sus estudios- al considerar que "es terriblemente poco ético que grandes productores de petróleo hayan sabido su papel en el cambio climático y durante años hayan mirado para otro lado".
Agregó que en la COP28 es una prioridad absoluta alcanzar un "acuerdo para un fondo de pérdidas y daños" con "reglas de gobernanza", y se mostró favorable a instaurar "un impuesto internacional al queroseno, al combustible marítimo, a los combustibles fósiles", porque "los combustibles fósiles tienen que ser historia y cuanto antes".
El planteamiento de Hoekstra se asemeja a la referencia que Ribera ya propuso en la Semana del Clima de la ONU celebrada el pasado septiembre en Nueva York, donde pidió un impuesto verde para el trafico marítimo internacional, los viajes aéreos en clase "business" y las transacciones financieras internacionales.
Ribera, que en los últimos días ha estado en estrecho contacto con el nuevo comisario para preparar la conferencia climática de la ONU, retomó hoy ese torrente de ideas sobre impuestos verdes a sectores específicos.
"Necesitamos mecanismos innovadores de financiación climática y los actores no pueden ser solo los presupuestos públicos, necesitamos la implicación del sector privado. También necesitamos una contribución de aquellos que históricamente han contribuido más al problema, desde el sector privado, y que, sin embargo, han conseguido un beneficio en términos de negocio muy significativo, muy importante", dijo la vicepresidenta española en funciones.
Agregó que en esa lógica debería imperar el principio de "quien contamina paga", que "que ha sido regla habitual en la UE y crecientemente en el contexto internacional"
"Por tanto, aquellos que estén vinculados a la energía fósil, creemos que deberían hacer una contribución, deberían comprometerse a financiar desarrollo y resiliencia frente a los efectos del cambio climático en los países más vulnerables", añadió Ribera.