Teresa Ribera alardea de favorecer un modelo energético diseñado para la transición verde y la Agenda 2030. Pero lo cierto es que parece más enrolada dentro de las tesis de aquellos ecologistas enloquecidos que defienden, no un modelo u otro, sino la destrucción del crecimiento y de la riqueza: el modelo del decrecimiento económico y de la restricción del consumo por imposición política.
Y es que la ministra ha conseguido, simultáneamente, cerrar las puertas a las nucleares confirmando su muerte programada, encarecer el gas por medio de su lamentable gestión de los contratos baratos con Argelia -con la inestimable ayuda de su presidente Pedro Sánchez y su cesión del Sáhara Occidental a Marruecos- y, a la vez, enfadar al sector de renovables, a los que les ha limitado los beneficios, aumentado los impuestos y dejado sin planes de desarrollo con los sistemas del Gobierno de subvención pública al consumo de ese mismo gas que el Ejecutivo ha dificultado comprar a precios competitivos. Traducido: el modelo Ribera, mucho más que un determinado modelo técnico o ideológico, tiene todo el aspecto de un desastre.
El desastre del modelo energético ocasionado por el departamento de Teresa Ribera y su Gobierno ha conseguido cuadrar el círculo. Ya no es que se duelan del golpe político las nucleares, que también y con toda la razón. Ya no es que lo perciba el propio precio del gas -España ha sustituido compras baratas de gas de Argelia por gas de EEUU o Rusia, más caro o directamente inadmisible en un momento de ataque de Rusia a Ucrania-, que también. Ahora directamente hasta las renovables braman por el panorama que les ha generado un modelo energético caótico y sinsentido que les ha rebajado la rentabilidad y les ha disparado la carga fiscal mientras aseguraba que pretendía ayudarlas.
Y los motivos técnicos son abundantes. Para empezar, expertos del sector consultados por LD, destacan el aumento de las importaciones de gas. Las importaciones europeas de gas natural licuado (GNL) de Rusia han aumentado un 40% en 2023 frente a los niveles anteriores a la invasión de Ucrania, según un análisis de la ONG Global Witness basado en datos de la consultora Kpler, que sitúa a España y Bélgica como los mayores compradores. En los primeros siete meses de 2023, los Veintisiete han contratado un total de 22 millones de metros cúbicos a Rusia, frente a los 15 millones del mismo período de 2021, lo que supone un aumento del 40%, muy por encima del ascenso medio global del 6% de las importaciones de GNL ruso.
Y, en paralelo, ha llegado el aumento del consumo de gas para producir electricidad. Entre junio y agosto el mix de generación eléctrica en España lo encabezaron las centrales de ciclo combinado de gas, que representaron una media del 21,4% de la producción nacional, por delante de la energía nuclear. Ya el año pasado el comportamiento de los ciclos marcó claramente esta tendencia. Y ello explica el motivo de la subida de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) en agosto, que se ha saldado con una media de 96,05 euros MWh e incluso por encima de los 100 euros en algunos de los últimos días. Se trata de los precios más elevados desde el pasado febrero, cuando se marcó una cotización de 133,47 euros MWh, según datos del operador del mercado, Omie.
Todo ello ha restado desarrollo y beneficio a las propias energías verdes, las mismas a las que dijo Ribera que pretendía beneficiar. Primero, por el nulo avance de la capacidad de interconexión eléctrica entre España y Francia: La interconexión eléctrica submarina entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya lleva lustros limitada a 2.800 MW. Y, si bien es cierto que este mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para construir la interconexión eléctrica submarina con el país vecino, que permitirá aumentar la capacidad de interconexión desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000 MW, esta nueva interconexión tardará en estar operativa si es que llega a hacerlo.
Pero, sobre todo, las inversiones verdes están revaluando su plan de desarrollo en España la imposición de límites a las rentabilidades de las empresas de energías renovables. El Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad y el Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo han supuesto una severa minoración de ingresos para las empresas de energías renovables españolas.
Esta limitación de sus beneficios penaliza a las empresas españolas frente a las de su entorno, restando atractivo a los inversores y reduciendo la capacidad de reinversión en proyectos renovables. La propia Comisión Europea considera estas medidas del Gobierno de España un desincentivo al desarrollo de las energías renovables.
La escasa apuesta por el almacenamiento y la nula reducción real de tiempos en la tramitación de proyectos de energías renovables que han percibido las empresas, ha terminado de dibujar un panorama imposible donde ya, ni las verdes ven sentido al proyecto oficial energético.
Expertos del sector señalan que, para colmo, Ribera se plantea "prorrogar las medidas excepcionales que minoran los ingresos de las nucleares, hidráulicas, eólicas y fotovoltaicas, justo cuando están intentando tener rentabilidades para invertir en la misma transición energética que, presuntamente, dice liderar este Gobierno". Hay que recordar que la Comisión Europea ya emitió un duro informe, que remitió al Parlamento europeo y al Consejo de la UE, exigiéndole a España la retirada de las medidas excepcionales. Y los inversores internacionales, "por supuesto, ante este panorama de incertidumbre y bandazos reguladores en España, buscan otras latitudes europeas en las que invertir en energía", añade la misma fuente.