La reforma laboral que el PP aprobó en 2012 ha sobrevivido a la pasada legislatura, pero todo apunta a que no lo logrará con la que podría comenzar en las próximas semanas. Yolanda Díaz siempre tuvo entre ceja y ceja acabar con el legado de Fátima Báñez. Hace un par de años no lo hizo; quizás por la presión de Bruselas, por la oposición de los empresarios o porque sentía que no tenía suficiente capital político para emprender esa batalla. Ahora, sin embargo, podría tener otra oportunidad. Al menos eso se deduce de la lectura del acuerdo que la líder de Sumar ha firmado con Pedro Sánchez esta semana. Si, además, Nadia Calviño sale del Gobierno con destino a Luxemburgo (sede del Banco Europeo de Inversiones) incluso podría tenerlo más sencillo, porque siempre se dijo que fue la todopoderosa vicepresidenta Económica quien le paró los pies.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar no es, en general, demasiado concreto. Hay pocas cifras, pocas promesas concretas, pocos compromisos firmes. Quizás por eso los periodistas nos hemos quedado con lo de las 37,5 horas a la semana de jornada laboral o la prohibición de los vuelos cortos (que en la práctica apenas tendrá efectos, pero el titular ya se lo han ganado). No sólo eran propuestas llamativas, sino que eran concretas. El resto del documento está trufado de "impulsaremos", "avanzaremos", "desarrollaremos"...
En lo que tiene que ver con la legislación laboral, nos movemos en un punto intermedio. Los artículos sobre este tema no son tan claros y tan precisos como los apuntados en el anterior párrafo; pero tampoco se quedan en una vaguedad que pueda significar cualquier cosa. Esto es lo que dicen los dos párrafos en los que los negociadores han resumido este apartado el programa de Gobierno:
Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues. Revisaremos las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.
Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.
¿Esto es una novedad? Pues no en lo que se refiere a las intenciones de Yolanda Díaz o al programa de Sumar. Pero sí es llamativo que se incluya en el programa de Gobierno, por varias razones. En primer lugar, porque quedó expresamente fuera de la reforma laboral que la propia vicepresidenta puso en marcha hace un par de años. Y no fue una casualidad, la flexibilidad interna (a través de los descuelgues de los convenios colectivos de ámbito superior) y una definición más clara de los despidos objetivos fueron las dos claves de bóveda de la reforma que Fátima Báñez puso en marcha en 2012, en plena crisis financiera. Se habló mucho del coste del despido, pero en realidad fueron aquellas dos novedades las que permitieron que en España se comenzara a crear empleo antes que en otras crisis similares y con crecimientos menores de PIB. En Bruselas, estaban encantados, por fin un avance real en el siempre disfuncional mercado laboral español.
Pero lo que gustó a la troika hace una década no tuvo tantos seguidores en la izquierda española. El PSOE y los sindicatos hablaron de precarización y de pérdida de derechos. Los socialistas y sus socios a la izquierda (primero Podemos y luego los sucesivos partidos que les siguieron) prometieron derogarla en cuanto tuvieran ocasión. Aunque, al final, no lo hicieron. La reforma de Díaz, a comienzos de 2022, supuso un cambio en la contratación temporal, pero no tocó ninguno de estos dos temas. De hecho, casi podríamos decir que los consolidó. Pasó más o menos desapercibido porque los sindicatos no querían abrir un frente con el Gobierno de coalición, pero fue llamativo que quien había prometido acabar por completo con la reforma del PP aceptase diez años después sus principales postulados.
El significado
Ahora parece ser que todo eso es cosa del pasado. Los dos párrafos recogidos al comienzo del artículo apuntan a un cambio sustancial en dos de los principales avances de aquella reforma. El primero tiene que ver con las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y los descuelgues, los mecanismos por los que las empresas en dificultades pueden no aplicar las cláusulas de los convenios colectivos de ámbito superior y establecer cambios en su organización interna. Ni mucho menos la reforma de 2012 dio a los empresarios libertad para hacer lo que hacen los empresarios en otros países (organizar su empresa en función de las necesidades del mercado y no según lo que se ha pactado en un convenio colectivo que puede no encajar para nada en sus necesidades). Pero sí les otorgó algo de flexibilidad para dejar a un lado las cláusulas más dañinas, sobre todo en situaciones de crisis. El texto del acuerdo PSOE - Sumar parece claramente restrictivo en este punto y permitirá hacerlo "sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa". Ya sabemos cómo funciona la legislación laboral española y cómo fallan los tribunales de lo Social. En la práctica, una cláusula así puede acabar siendo sinónimo de "nunca". Y sería coherente con lo que siempre ha defendido Díaz.
El segundo cambio que se atisba en el acuerdo de Gobierno es el que tiene que ver con los despidos. Aquí el texto habla de "reforzar la causalidad". ¿Qué quiere decir? Pues, de nuevo, todo parece indicar que se van a endurecer los requisitos para los despidos objetivos. Fue otra de las grandes novedades introducidas en 2012, la nueva redacción de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores establecía, en lo referente a las causas económicas, que "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior".
En teoría, esto lo aclaraba todo. En estas situaciones, el empresario podía optar por el despido objetivo (mucho más barato que el improcedente). También se buscaba reducir la judicialización de las relaciones laborales. Luego las cosas no han sido tan sencillas y los tribunales no siempre han fallado como los promotores de la reforma anticipaban. Pero, en cualquier caso, sí se redujo la incertidumbre y se permitió que empresas en problemas ajustasen su plantilla a un coste razonable. Volver ahora a sacar el tema de la causalidad apunta claramente a un endurecimiento de los requisitos para ese despido objetivo. Es una vieja reclamación de los sindicatos y Díaz (con una biografía personal y política marcada por la cercanía a las grandes centrales) nunca ha ocultado que quiere que despedir sea más complicado todavía de lo que ya lo es. Otra cuestión es si tendrá el apoyo en el Congreso, porque una cosa es sacar una investidura y otra aprobar una reforma laboral 2.0.
En este sentido, no parece (el acuerdo no dice nada) que vayamos a volver al despido de 45 días, una pretensión de otros socios del Gobierno como ERC o Bildu, pero que no hace ninguna gracia en Bruselas. Pero sí habrá más complicaciones para despedir por causas objetivas y los jueces de lo Social volverán a cobrar protagonismo, determinando si esa "causalidad" está justificada en cada circunstancia. De nuevo, otro punto clave de la reforma de 2012, en peligro.