Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acaban de firmar un acuerdo que dicen que es para garantizar el "progreso" y el "escudo social". Pero, si el acuerdo, como promete, pretende amplificar la política ya desarrollada hasta el momento, lo que va a consagrar es la mayor era de pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de familias en décadas. Por encima incluso del impacto familiar sufrido en la crisis de 2008. Y es que los precios de los alimentos acumulan en dos años una escalada del 26% mientras el IRPF ha disparado su recaudación -gracias a la misma inflación y a la decisión del Gobierno de no actualizar el impuesto con el IPC- en más de 20.000 millones de euros.
De hecho, al cierre de 2023 es altamente probable que esa cifra de saqueo tributario se acerque o incluso rebase los 30.000 millones de euros. Y todo ello sale de los bolsillos de las familias españolas. Un informe del sindicato USO ha recuperado el efecto de escalada de los precios de los alimentos en dos años: "Suben un 26% con un IPC que comienza a reflejar los efectos de la inflación estructural". Y es que el IPC subyacente -el que no tiene en cuenta para su cálculo ni la energía ni los alimentos no elaborados-, de cada mes ya ha empezado a normalizar el hecho de duplicar el dato general de inflación.
Lo cierto es que tomando como base el dato de septiembre, "la mayor influencia en las subidas de la tienen la electricidad y el transporte". Y, aunque los alimentos no son el principal factor de encarecimiento de la cesta de la compra en septiembre, "el acumulado es insostenible para la economía familiar. Con base en 2021, la alimentación básica se ha encarecido un 26% y el transporte, un 15,2%", señala el departamento de estudios de USO. De hecho, se trata de "los dos gastos esenciales en un hogar y son los que están por encima de la media, del 13,3%. El otro que lo supera, por efecto directo de ambos, es el de la hostelería, que ahoga a microempresarios y autónomos", concluye el sindicato.
Pero, por si fuera poco, un segundo factor impuesto por el Gobierno estrangula la capacidad económica de las familias: la subida del IRPF por la decisión de Pedro Sánchez de no actualizar el impuesto con la inflación.
Así, en diciembre de 2020, la recaudación de este impuesto acumuló unos ingresos anuales totales de 87.971 millones de euros. Toda una barbaridad en un momento de covid, pero que se ha quedado corta frente a las barbaridades posteriores. Y es que en 2021 esa recaudación fiscal por el IRPF -ya con la rampa de inflación lanzada, como muestran los datos oficiales- se fue hasta los 94.546 millones. Al cierre de 2022 aún se agravó más el sablazo fiscal a las familias y al empleo con unos ingresos anuales de 109.485 millones. Y sólo en lo que va de 2023 la proyección continua y suma ya otros 7.200 millones adicionales en recaudación del IRPF.
Traducido: a la pérdida de poder adquisitivo por la escalada de los precios en dos años que han sufrido las familias, hay que sumarle un golpe de más de 21.500 millones de euros en saqueo fiscal adicional por el IRPF y la decisión oficial de no deflactar el impuesto. Y ese dato se elevará hasta cerca o más de 30.000 millones al cierre del actual año.
Todo un mecanismo de empobrecimiento nacional que confirma la sensación de la inmensa mayoría de las familias y que se distancia por completo de los mensajes y promesas oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.