Aseguran quienes la conocen que siempre le ha gustado presumir de un cierto peso institucional y político en las instituciones europeas. Ella misma se ve como una garantía del mantenimiento de la ortodoxia de la economía de mercado frente a cualquier tipo de aventura intervencionista que a los socios de Podemos pudiera ocurrírsele. Pero lo cierto es que en la pasada legislatura y en la que ya ha arrancado (de momento todavía con un gobierno en funciones), Nadia Calviño ha pasado de ser un pretendido dique de contención frente a las locuras económicas de los socios de Podemos a la encargada de vender las virtudes de esas locuras. Y lo que es más llamativo: cueste lo que cueste. Si hay que mentir abiertamente, se miente y se dice que la inflación va a ser puntual. Si hay que cambiar a la presidenta del Instituto Nacional de Estadística porque no le gusta las conclusiones del INE, se cambia.
En su lucha por colocar delante de los ojos de la opinión pública internacional el cristal con el color de las bondades socialistas de la economía, Calviño ha cruzado ya el rubicón de apuntar directamente a los pocos que todavía hoy crean riqueza en España, los empresarios.
Es vicepresidenta de un Gobierno que señala empresarios, los tacha de "despiadados capitalistas". Ella misma ha señalado a Rafael del Pino y a Ferrovial cuando anunció su intención de mudar su sede social a Holanda de desleales, porque… "con todo lo que había hecho el Estado por ellos"… ¿Le debía acaso favores Ferrovial al Gobierno de Sánchez? ¿Por qué? Nunca lo explicarán.
Pero ahora otra compañía de bandera, la energética Repsol, ha osado sacar los pies del tiesto. El Gobierno y menos Calviño soportan la crítica. No aguantan que medios de comunicación o empresas dejemos en pañales la política económica de este Ejecutivo, basada en sangrar a impuestos al sector productivo, ya sean empresas o trabajadores, para disparar el gasto muy por encima de esos ingresos y seguir alimentando una inflación que, por mucho que Calviño se empeñe en lo contrario, no baja. ¿O acaso están bajando los precios de los alquileres, del gas, la luz, el aceite de oliva, la harina, los huevos o la carne?
Repsol ha dicho algo muy sensato y es que en España se quiere mantener el impuesto especial a las compañías energéticas (igual que a las financieras) porque sí. Es decir, un impuesto que consagra la desigualdad ante la ley y que supone la imposición de un gravamen sólo por ser de un sector determinado y en base, además, a la excusa de que "están obteniendo resultados milmillonarios".
La realidad es que estos impuestos condenan a las empresas españolas a tener que competir en un mundo globalizado con una mano atada a la espalda y que eleva el tipo impositivo real y último que pagan muy por encima de la mitad de su beneficio neto. En términos redondos, Repsol ha pagado en impuestos en España más de 7.000 millones para obtener un beneficio de apenas 2.700 millones. ¿Quién obtiene resultados milmillonarios, Repsol o el Gobierno?
Pues bien, denunciar esto no está bien visto y Calviño ha vuelto a dejar sus recaditos amenazantes. Como ya hizo con Ferrovial o cualquier otro que ose discutir sus dogmas: "A las empresas españolas les va mucho mejor con nuestro gobierno que con otros" y además "están obteniendo unos resultados milmillonarios". Lo que alimenta una amenaza real: 'No os quejéis que todavía os metemos un impuesto adicional más como figura en el pacto PSOE Sumar firmado por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez'.
La pregunta es sencilla. Si países tan bien situados geográficamente como Italia, Grecia o Portugal, y cuyas condiciones, seguridad jurídica, y tratamiento fiscal a las empresas que invierten en sus países es infinitamente mejor que el de España, ¿qué empresa va a querer radicarse en nuestro país? Y otra pregunta añadida: ¿Por qué Irlanda pasó de ser uno de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) tras la crisis Subprime, con una deuda pública disparada y un gasto público desorbitado a disparar la renta per capita reducir su deuda y atraer miles de millones de euros en inversiones? ¿Por destripar a sus empresas y trabajadores a impuestos? ¿Por imponerles unas condiciones laborales leoninas a las compañías? ¿Por intervenir constantemente los mercados destrozando la seguridad jurídica? ¿O más bien por todo lo contrario?
Calviño no sólo no es la guardiana de la ortodoxia de las políticas económicas españolas, sino que se ha convertido en la mayor amenaza para la prosperidad de las empresas españolas. Es la que amenaza en nombre del jefe. Es la que deja, como Luca Brasi, el matón de Corleone creado por Mario Puzo, las cabezas de caballo en las camas de las empresas. A Ferrovial le amenazó con echarle encima la Agencia Tributaria. Ahora a Repsol le ha dejado claro que tendrán que pagar más. Bien lo sabe Juan Manuel Rodríguez Poo, expresidnete del INE, a quien sustituyó fulminantemente después de advertir varias veces en público que el Gobierno no estaba de acuerdo con los informes del instituto que negaban la realidad fantástica de la que presumía Sánchez a diario. En definitiva, Calviño se ha convertido en la Luca Brasi del sanchismo.