Los funcionarios hace tiempo que reclaman su semana laboral de 35 horas. Ellos consideran que es necesaria para poder conciliar. Y han decidido que, ya que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez avanzan en el camino del recorte de las jornadas de trabajo por imposición política, ellos quieren ya su semana recortada hasta las 35 horas.
El abanderado de esta reclamación es el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que ha demandado con urgencia "la jornada de 35 horas" y, por supuesto, "medidas para frenar el deterioro de los servicios públicos y un nuevo acuerdo salarial".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que "el acuerdo de Gobierno debe incluir una apuesta decidida para detener el deterioro progresivo que han sufrido los servicios públicos desde el inicio de la pandemia en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones…)".
Es más, que ese pacto de gobierno debe "mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestras administraciones, implantando la jornada de 35 horas semanales y un nuevo acuerdo salarial". Menos trabajo y más sueldo: justo el mismo argumento que ha usado Yolanda Díaz para defender una rebaja de las horas trabajadas en España por decretazo y sin tener en cuenta ni la más mínima necesidad de producción, competitividad, mantenimiento de las empresas y del empleo, etc.
"A la espera de conocer el contenido del acuerdo (CSIF espera mantener pronto una reunión con PSOE y Sumar)", este sindicato "considera que la actuación del Gobierno debe abordar reformas estructurales, diseñar unos presupuestos y la oferta de empleo público para el próximo año para reforzar plantillas por encima de las jubilaciones y eliminar, por tanto, la tasa de reposición". En este sentido, CSIF manifiesta su "preocupación porque el plan presupuestario enviado a Bruselas contempla una congelación del gasto en ámbitos fundamentales como la sanidad o la educación". Y es que, abierta la subasta, entran todos a la exigencia de más gasto público.
"Además, hay que compensar el esfuerzo de los trabajadores de nuestras administraciones públicas que, pese a su labor fundamental durante y después de la pandemia, han seguido perdiendo poder adquisitivo (sólo en los dos últimos años han perdido un 5,5% de poder de compra y un 20 por ciento desde 2010, cuando se produjo la primera bajada salarial)", afirman los funcionarios. "Hay que negociar por tanto un nuevo acuerdo salarial porque ha quedado desfasado", advierten.
En concreto, y sobre la jornada de 35 horas, CSIF "valora el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral sin reducir salarios" y "reclama la jornada de 35 horas". Lo cierto es que en el ámbito de las administraciones públicas, esta cuestión ya quedó plasmada en los acuerdos de 2018 y en el compromiso alcanzado por el Gobierno en 2022 bajo el título "Por una Administración para el siglo XXI", y que aún está pendiente de desarrollar.
"Esta reducción de jornada debe incorporarse en nuestro ordenamiento por Ley Básica (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), junto a otras cuestiones como la carrera profesional, adecuación de los Grupos Profesionales –igual trabajo, igual salario–; o la mejora en las condiciones de jubilación. También pedimos el desarrollo del teletrabajo en el conjunto de las administraciones", exige CSIF. La subasta de gasto público está abierta en canal.