Bruselas se ha puesto a pensar en nuevos derechos. Y, lejos de plantear uno centrado en la eficacia de su gasto público, ha llegado a la conclusión de que los trabajadores europeos tienen derecho a "teletrabajar al menos tres días a la semana".
La frase figura ya en una guía explicativa de la Comisión Europea. Una guía en la que no se detalla mucho más, pero en la que se desliza que, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico -tampoco explica cuál es la bondad de limitar el consumo necesario para crecer más-, deben reducirse los desplazamientos a los centros de trabajo, fábricas u oficinas. "La gran mayoría de los desplazamientos que se hacen en automóviles son para ir al trabajo. A su vez, más de un tercio de los trabajos que se realizan en la Unión Europa pueden realizarse desde casa", señala Bruselas. Y en base a esa descripción tan plenamente carente de detalles, señala que por eso, se debe "ofrecer la opción de teletrabajar al menos tres días a la semana", porque ello "contribuye a reducir el consumo de combustible y, a su vez, ahorrar dinero en la economía familiar".
Eso sí, nada se explica de cómo se adapta ese modelo a economías, por ejemplo como la española, altamente centrada en el sector servicios. O cómo se combina eso con los envíos a domicilio o al lugar de trabajo propios de las economías on-line. O quiénes pueden reclamar ese supuesto derecho y quiénes no. O qué político va a decidir qué puesto de trabajo es propenso al teletrabajo o no.
"Y ¡atención! Gran parte de los viajes se hacen con un solo ocupante. Compartir vehículo supone también un importante ahorro económico y de combustible", añade la guía. Porque, además, señala, existen "¿otras alternativas?". Y responde la guía afirmativamente: "El transporte público, caminar o usar la bicicleta para distancias de menos de 3 kilómetros". De nuevo, no explica qué ocurrirá cuando llegue ese escenario con toda la plantilla del sector centrado en los combustibles fósiles o los automóviles.
El resto del documento justifica sus indicaciones: "La invasión rusa de Ucrania obligó a la Comisión Europea a buscar vías alternativas para garantizar su suministro energético. De este modo, se elaboró y puso en práctica el Plan REPowerEU con el objetivo de ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar su abastecimiento energético". Y, "desde mayo, que se puso en marcha, hasta hoy la UE ha conseguido actuando en conjunto, entre otros hitos, reducir en casi el 20 % su consumo de energía", afirma.
Lo cierto es que la política ultra ecologista de la UE está generando toda una pérdida de atractivo y rentabilidad en las economías europeas y toda una alteración del mercado. Una de las últimas vueltas de tuerca intervencionista de la UE, de hecho, asume ya ese impacto negativo y busca atajarlo con más intervencionismo: se llama Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono (CBAM). Su fase de transición acaba de comenzar. E irá a más con un objetivo. Y es que, tras haber arruinado la competitividad de las empresas europeas con infinidad de exigencias ecologistas -especialmente plasmadas en la Agenda 2030-, ahora quiere combatir las fugas de producción a países que no han querido entrar en el suicidio ecologista de la capacidad productiva de sus respectivas empresas.