Hace ahora una semana, Libre Mercado informaba de la vigésimo cuarta sentencia internacional que condena a España por la retirada retroactiva de las primas renovables. El laudo emitido por el Banco Mundial le dio la razón al grupo inversor alemán encabezado por Matthias Kruck, que litigaba contra nuestro país desde 2015. La indemnización impuesta asciende a 15 millones, pero la cifra final rebasa los 18 millones una vez se toman en cuenta las condenas en costas, los intereses de demora y otros capítulos.
Pues bien, unos pocos días después de la resolución del caso que afecta a Matthias Kruck, el tribunal del Banco Mundial ha emitido otra sentencia que condena a España por este mismo asunto. Se trata del vigésimo quinto pronunciamiento de estas características y, en este caso, la compañía que se ha impuesto es Canepa Green Energy, firma vinculada al grupo Azora.
La conclusión del Centro Internacional de Arreglos de Disputas referidas a Inversiones (CIADI) tumba todas las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado y se posiciona del lado del vehículo inversor de Azora, que impulsó un total de cinco instalaciones de energía fotovoltaica en las comunidades de Galicia, La Rioja y Cataluña, donde desplegó 130 megavatios de potencia.
El litigio echó a andar en febrero de 2019 y se apoya en los compromisos de derecho internacional adquiridos por España a través de la firma del Tratado de la Carta de la Energía. La representación de España en este proceso corrió a cargo de Silvina González Napolitano, una profesora y jurista argentina. El tribunal ha estado presidido por Sean D. Murphy, toda una eminencia en el campo del derecho internacional.
La indemnización que tendrá que desembolsar España será determinada a continuación, puesto que ambas partes deberán ofrecer una cuantificación de los daños provocados por la retirada retroactiva de las primas renovables y el tribunal presidido por Murphy tendrá que calibrar el alcance de la compensación. Hasta la fecha, las condenas resueltas en contra de España han ascendido, en promedio, a 55 millones por litigio.
Las 25 condenas emitidas contra España reclaman a nuestro país más de 1.200 millones de euros en concepto de indemnizaciones. El impago reiterado de estos laudos ha hecho que nuestro país figure por delante de Venezuela y Rusia en el ranking que mide el grado de cumplimiento de este tipo de sentencias. Además, los intereses de demora, las condenas en costas y otros gastos asociados a esta situación han añadido 250 millones de euros más a la factura pendiente de pago. Las compañías e inversores afectados están litigando en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia para embargar activos del Reino de España y compensar de esta forma los impagos. Asimismo, han intervenido cuatro títulos de deuda pública, situando a España en una situación de default técnico.