Aunque el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez se niega en banda a cumplir los laudos internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, lo cierto es que el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera sí ha llegado a un acuerdo compensatorio con una de las compañías.
La empresa en cuestión es Masdar, un vehículo inversor del emirato de Abu Dabi que operaba en España a través de su filial holandesa. En 2014, esta compañía decidió iniciar un procedimiento de arbitraje tras sufrir la retirada retroactiva de las primas renovables mediante los impuestos y modificaciones normativas aplicadas de 2010 a 2014.
Masdar invocaba el Tratado de la Carta de la Energía para exigir al Gobierno de España el pago de 260 millones de euros, así como los intereses de demora y las costas judiciales del proceso. El litigio fue canalizado por el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y fue presidido por el prestigioso jurista británico John Beechey, considerado toda una eminencia en este campo del derecho internacional.
La decisión del tribuna fue comunicada en 2018 y resultó en la imposición de una condena de 64,5 millones de euros. Sin embargo, la llegada al gobierno de Pedro Sánchez dejó el laudo en el limbo, puesto que el gabinete de coalición entre PSOE y Podemos anunció desde un primer momento que no cumpliría las disposiciones del CIADI, situando a España a la par con Venezuela o Rusia.
No obstante, en noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez cerró un acuerdo con la empresa de Abu Dabi. El marco pactado con la compañía del emirato plantea la posibilidad de seguir cobrando una prima anual del 7,4% hasta 2031, en vez de dejar expirar dicho esquema retributivo en 2025, como correspondía en virtud de la legislación en vigor. Masdar abandonó su pretensión de cobrar el laudo tras cerrar este acuerdo, uno de los pocos que ha logrado el Gobierno de España con los inversores afectados.
Para perseverar en la estrategia de impagos que ha venido siguiendo desde 2018, nuestro país ha desembolsado en torno a 70 millones de euros en honorarios de abogados, asesores o consultoras. La cifra exacta sigue sin ser divulgada por parte del gobierno, a pesar de numerosos pedidos de información por parte de ciudadanos, medios de comunicación y otras partes interesadas.
Ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo, las empresas afectadas han optado por contratar los servicios de bufetes especializados en la recuperación de activos soberanos de países morosos. Esta estrategia está volcada principalmente en rastrear propiedades del Estado español en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia, donde ya se han conocido distintos embargos. Asimismo, los afectados han intervenido cuatro títulos de deuda soberana española que han declarado en situación de default técnico, contribuyendo así a un notable encarecimiento de la financiación del Tesoro. De hecho, los intereses de la deuda española se han multiplicado por 40 desde que se activó dicho procedimiento.