Los ganaderos españoles denuncian que están haciendo frente a "una situación muy compleja provocada por las exigencias normativas que dificultan el día a día de las cerca de 170.000 explotaciones que hay en nuestro país", y disminuyendo en número gracias al aumento de los costes de producción, pero también a las trabas burocráticas impuestas desde la Unión Europea, tanto en materia de Bienestar Animal como de Sanidad.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura para explicar el "colapso burocrático" que a su juicio sufren las ganaderías. Una situación que podría agravarse con la implementación del último invento de la Unión Europea que el Gobierno de Sánchez ya ha impuesto en España: el "veterinario de explotación".
"No podemos más", aseguran los ganaderos de UPA en su carta al Ministerio. Denuncian que el volumen de burocracia en el uso y tratamiento de los animales enfermos con antibióticos o antiinflamatorios es "absolutamente brutal". Además, "las granjas en España tienen que contar de forma permanente y diaria con veterinarios de clínica, de reproducción, de calidad y de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (las que pertenezcan a ellas)". Esos veterinarios, denuncia la organización agraria, "se dedican más al papeleo que a atender a los animales".
El real decreto no especifica directamente que las explotaciones deban contratar a un profesional que se dedique en exclusiva a las labores asignadas al puesto de veterinario de explotación pero, según UPA, lo que está claro es que los veterinarios ya contratados por las ganaderías no van a asumir ese trabajo burocrático extra de forma gratuita.
La nueva figura del veterinario de explotación
Según establece el real decreto que desarrolla la figura del veterinario de explotación, este profesional "llevará a cabo una supervisión sanitaria y de bienestar animal de la explotación ganadera de manera presencial y de forma regular". Además, en dichas visitas, el veterinario "realizará las recomendaciones pertinentes para subsanar las deficiencias que observe, incluidas aquellas destinadas a conseguir un uso sostenible de antibióticos" y asesoramiento al ganadero "en materia de bioseguridad, trazabilidad, alimentación, detección temprana y respuesta rápida a las enfermedades y sobre la importancia de las resistencias antimicrobianas".
UPA ha pedido a Agricultura una reflexión sobre los beneficios que aportaría la nueva figura del veterinario de explotación, cuya regulación depende ahora de las Comunidades Autónomas. "Creemos que se debe aplicar el sentido común ante medidas que duplicarían el papeleo sin aportar beneficios reales". La organización asegura que el coste de disponer de un veterinario o veterinaria de explotación en exclusividad sería "inasumible", especialmente para las granjas familiares.
La ganadería en España vive una fuerte crisis que ha provocado que pasemos de las 791.000 explotaciones que había en 1999 a 170.000, según el último censo agrario de 2020. Esas cifras tienen detrás una fuerte reestructuración del sector, pero también una grave falta de relevo generacional por las enormes dificultades que afronta esta actividad.
"España no puede permitirse perder a más ganaderos y ganaderas", aseguran desde UPA, por lo que reclaman un plan de apoyo a la ganadería que racionalice las normativas, dé tiempo a los profesionales para adaptarse y proteja a esta profesión "absolutamente imprescindible" para la soberanía alimentaria de España y Europa.