El 1 de octubre del año 2017 cundió el pánico empresarial en Cataluña. El desafío separatista del referéndum (que ahora acaba de amnistiar Pedro Sánchez) desató una fuga de empresas sin precedentes en la región hacia otras partes de España.
Durante ese fatídico mes, en varias ocasiones llegó a ocurrir que más de 200 empresas hicieron las maletas en un solo día. La incertidumbre se apoderó de los mercados y dentro del Ibex 35 todas las firmas catalanas trasladaron su sede social fuera de este territorio (Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Colonial, Abertis o Cellnex) a excepción de la farmacéutica Grifols, que todavía sigue asentada en Barcelona. También se marcharon por entonces de Cataluña otras grandes compañías, como VidaCaixa, Aguas de Barcelona, Cervezas San Miguel, eDreams, Axa o Bimbo.
Sin embargo, aunque nada hace presagiar que estas empresas vayan a regresar ahora a un lugar del que huyeron despavoridas, uno de los puntos que Sánchez y Puigdemont firmaron la pasada semana en su polémico acuerdo consiste en "abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". La fórmula con la que pretenden hacer que estos negocios retornen sus sedes (ya sea con algún tipo de sanción o con subvenciones a las que vuelvan) todavía es una incógnita.
La factura empresarial del independentismo
Los datos que sí tenemos son los de la onerosa factura empresarial que ha dejado el independentismo en Cataluña. Según los datos que el Colegio de Registradores ha facilitado a Libre Mercado, un total de 8.934 empresas han abandonado Cataluña desde el 1-O hasta el segundo trimestre de 2023, último periodo con los datos disponibles. Todavía habrá que esperar unos meses para averiguar si el pacto entre PSOE y Junts volverá a activar otro éxodo de compañías porque los Registradores no tienen previsto sacar los datos por anticipado como hacían hace seis años.
La que sí ha alertado de las nefastas consecuencias del pacto entre Sánchez y Puigdemont para las empresas de toda España ha sido la CEOE. El Comité Ejecutivo extraordinario de la mayor patronal de España se reunió en la tarde de ayer lunes con "carácter de urgencia" para abordar la "preocupante situación que vive en estos momentos España, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura" señaló la CEOE en un comunicado.
Los empresarios avisaron del negro futuro que le espera a la empresa privada en nuestro país. "Es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo" señalaron. La CEOE también advirtió de que la amnistía pone en peligro las inversiones en territorio nacional y nuestra imagen exterior. "A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española" añadieron.
Madrid acoge a las empresas que Cataluña espanta
Todos estos años de declive catalán contrastan con los buenos resultados de Madrid, que empezó acogiendo a buena parte de las empresas que hicieron las maletas en Cataluña. Así, mientras la región de Puigdemont perdió 2.536 empresas en 2017 (casi todas entre octubre y diciembre), la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso ganó 1.457 sociedades catalanas. Un fenómeno similar ocurrió en el año 2018, cuando Cataluña se despidió de 2.359 sociedades de las que llegaron a Madrid 1.288. Eso sí, cada uno de esos dos años Madrid también perdió unas 1.200 empresas cada año, aunque el saldo neto resulta claramente positivo.
Otro de los puntos del acuerdo entre Junts y el PSOE consiste en "facilitar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña", lo que supondría trocear la Agencia Tributaria, activar la Hacienda Catalana y establecer una especie de cupo.
Este punto añade todavía más incertidumbre a una región que representa ya a uno de los mayores infiernos fiscales de España, por lo que cederle más poder sobre los tributos sólo contribuirá a que la fiscalidad en este territorio sea todavía más asfixiante para ciudadanos y empresas. La incertidumbre en este territorio hostil para hacer negocios es total.