La CEOE se une a la lista infinita de organizaciones profesionales que claman contra el pacto entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. A las asociaciones de jueces, fiscales, inspectores de Hacienda o de Seguridad Social se han sumado este lunes los empresarios alarmados por la deriva institucional y la inseguridad jurídica en la que está sumida España.
El Comité Ejecutivo extraordinario de la mayor patronal de España se ha reunido en la tarde de este lunes con "carácter de urgencia" para abordar la "preocupante situación que vive en estos momentos España, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura" ha señalado la CEOE en un comunicado.
El texto de la organización que dirige Antonio Garamendi consta de cinco grandes advertencias. La primera, "como han hecho los jueces y otras instituciones", se refiere al "grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo. Debemos recordar más que nunca que un país son sus instituciones, en este caso, amparadas por la Constitución".
En segundo lugar, la CEOE entiende que "los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia". En este punto, Sánchez no sólo ha concedido todo tipo de prebendas a Cataluña, como más fondos públicos o la cesión de impuestos, sino que, en su pacto con el PNV, también concede al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (aunque el Estado será el que siga sufragando las pensiones de los habitantes de este territorio).
"Clima de negocios cada vez más complicado"
El tercer aviso de la patronal va dirigido al porvenir económico de la empresa privada en nuestro país. "Es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo". La CEOE también advierte de que la amnistía pone en peligro las inversiones en territorio nacional y nuestra imagen exterior. "A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española" han escrito.
En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE ha defendido también el "derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica".
En este sentido, uno de los puntos que Sánchez y Puigdemont firmaron la pasada semana consiste en "abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Cabe recordar que, tras el estallido desafío separatista del 1-O, de 2017, miles de empresas huyeron despavoridas de Cataluña a otras regiones de España donde instalaron sus sedes. Compañías de la talla de Caixabank, Naturgy, Sabadell, Colonial o Cellnex estaban entre ellas. Nada hace presagiar que volverán a esta autonomía. Es una incógnita la fórmula con la que pretenden hacer que vuelvan.
En cuarto lugar, la CEOE pone de manifiesto que, "mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado". De hecho, uno de los puntos fuertes en materia económica del pacto entre PSOE y Junts es la condonación del 20% de la deuda que Cataluña tiene con el FLA y que se extenderá al resto de CCAA) premiando a las regiones más despilfarradoras en detrimento de las más prudentes a nivel presupuestario, como Madrid. Por la parte catalana, el Estado asumirá el pago de 15.000 millones de euros.
Un quinto elemento de preocupación para las empresas españolas es la "falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso". En esta materia, cabe recordar que el PSOE ha acordado con el PNV "dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos" y con Sumar otras medidas de carácter laboral, como otra subida del SMI y la jornada de 37,5 horas semanales.
Por último, CEOE, CEPYME y ATA, "en representación de todas las empresas españolas –autónomos, pymes y grandes empresas--, demandamos una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución". La patronal ha concluido que "el objetivo de todos debe ser preservar la paz social y la convivencia entre todos los españoles dentro de los márgenes constitucionales y, por ello, hacemos un llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés político o económico".