El Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo procedimiento legal orientado a proseguir con los impagos de las indemnizaciones reconocidas a las empresas que sufrieron la retirada de las primas renovables. Esta vez, el caso en cuestión es el que afecta a la unión de dos empresas holandesas: Sevilla Beheer BV y Córdoba Beheer BV.
Ambas compañías registraron una denuncia contra España en agosto de 2016, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía y reclamando una indemnización de 20,5 millones de euros al Reino de España. La denuncia fue canalizada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
La sentencia del caso, emitida por el CIADI el pasado mes de mayo, obliga a España a pagar a ambas empresas una compensación de 6,8 millones de euros, así como el abono de los correspondientes intereses de demora. Además, España sufrió otra condena que exige el pago de las costas judiciales del proceso.
El CIADI encontró que las reformas aprobadas de 2010 a 2014 alteraron el marco de incentivos al modificar de manera retroactiva la retribución de la inversión en renovables. Otras 25 sentencias han llegado a la misma conclusión, de modo que la jurisprudencia al respecto de caso parece ser muy clara.
Sin embargo, España ha pedido ahora la anulación del proceso, un movimiento que ha sido interpretado por las compañías que están sufriendo estos impagos como la enésima excusa del Ejecutivo de Pedro Sánchez para proseguir con los impagos. El comité que estudiará tal petición ha sido conformado este mismo mes de noviembre y estará integrado por los juristas Fernando Piérola Castro, Louise Reilly y Bertha Cooper-Rousseau.
Las empresas afectadas por los impagos a las renovables han reaccionado manifestando su deseo de "denunciar con vehemencia las continuas tácticas dilatorias del Gobierno de España. Este tipo de procesos se están resolviendo a favor de las compañías denunciantes, pero no sin causar un enorme prejuicio, puesto que las peticiones de anulación extienden más aún los litigios y obligan a asumir nuevos desembolsos en abogados y consultores. España debe abandonar esta actitud incumplidora, cumplir con sus obligaciones internacionales y volver a un marco de seguridad jurídica".