Siguen las novedades judiciales ligadas al escándalo del impago de las indemnizaciones que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de negarse a cumplir las sentencias pendientes ha disparado el número de litigios abiertos contra nuestro país, puesto que las compañías que están lidiando con esta difícil circunstancia han decidido protegerse contra los incumplimientos a base de pedir a terceros países que autoricen el embargo de bienes y activos del Reino de España como medida compensatoria.
Esta semana ha trascendido que la corporación japonesa JGC ha denunciado a nuestro país ante la justicia estadounidense, reclamando a los tribunales del país norteamericano que insten al gobierno de Pedro Sánchez a pagar de una vez una compensación pendiente desde 2021 y valorada en 23,5 millones de euros. En caso contrario, JGC solicita que se autorice el embargo de bienes y activos soberanos de España en Estados Unidos como forma de proteger sus intereses y salvaguardar a sus accionistas ante el atropello que están sufriendo por parte del Ejecutivo conformado por PSOE y Podemos.
Sin embargo, esta no es la única novedad que se ha producido en el frente judicial estadounidense, puesto que también ha trascendido que la justicia del país norteamericano ha decidido poner en suspenso el registro de la sentencia del caso Antin/Luxembourg Infrastructure Services para que la tramitación de dicho laudo quede vinculada a la resolución de otros tres litigios que ya estaban siendo procesados.
Los casos en cuestión son los laudos correspondientes a NextEra, 9REN e Infrared/Blasket Renewable Investments. Las deudas acumuladas con la primera de estas tres empresas superan los 300 millones de euros. En cuanto a 9REN, la suma de la indemnización pendiente de pago, los intereses de demora y las condenas en costas elevan el monto hasta los 50 millones de euros. Por último, el caso Infrared/Blasket Renewable Investments está ligado a una compensación cercana a los 40 millones de euros. En total, casi 400 millones de euros vinculados a tres denuncias que ahora se convierten en piezas clave para sentar jurisprudencia.
Con su decisión de paralizar el proceso que afecta a Antin/Luxembourg Infrastructure Services, la Corte del Distrito de Columbia pretende clarificar la situación y arrojar luz sobre el criterio general que tomará la justicia estadounidense a la hora de procesar nuevos expedientes. NextEra, 9REN e Infrared/Blasket Renewable Investments se convierten, pues, en los casos de referencia que serán priorízanos por la justicia estadounidense con ánimo de fijar un criterio común y claro.
Las denuncias que ha sufrido España se amparan en la cobertura del Tratado de la Carta de la Energía y del convenio que regula la adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Las cláusulas legales contenidas en ambos acuerdos internacionales permiten resolver posibles situaciones de impago mediante el registro de los laudos pendientes de cobro en los tribunales de terceros países que también sean firmantes de estos acuerdos internacionales.
Eso es lo que han hecho las compañías afectadas, que albergan la esperanza de que la justicia estadounidense siga los pasos de los tribunales de Reino Unido, donde ya se ha autorizado el embargo de bienes de activos españoles, o de Australia, donde la Corte Suprema ha dado luz verde a este tipo de medidas compensatorias.
Este mismo año, el gobierno Estados Unidos lanzó una advertencia a los inversores, alertando del riesgo y la inseguridad jurídica que está generando España con este tipo de comportamiento. Desde la publicación del informe país que incluye dicho aviso a navegantes, los niveles de inversión que llegan desde el país norteamericano se han desplomado.
Asimismo, la Cámara de Comercio del país norteamericano se ha personado en el caso NextEra para pedir a los tribunales qué procedan al registro del laudo y fuercen a España a cumplir sus obligaciones, señalando que este tipo de casos son vitales para salvaguardar la seguridad jurídica en el campo de las inversiones internacionales y el comercio global.