Javier Padilla, el que fuera la mano derecha de Mónica García en la Asamblea de Madrid, será el nuevo secretario de Estado de Sanidad. Este médico de Familia, que cuenta con diferentes másteres en salud pública (EASP), economía de la salud (UPF) y filosofía para los retos contemporáneos (UOC), es una de las personas de máxima confianza de García. Sin embargo, Padilla es también uno de los principales defensores dentro de la política profesional española de una de las ideas más extravagantes de la izquierda en lo que a sanidad se refiere: la creación de una empresa farmacéutica pública.
Así lo afirmaba en un artículo publicado el pasado mes de junio en la revista de la Asociación Acceso Justo al Medicamento bajo el título de Una industria farmacéutica pública: ¿para qué y cómo?. En el documento expresaba que la intervención pública en el sector farmacéutico debía pivotar en torno a tres ejes: "aspirar a estar presente en toda la cadena de valor del medicamento", "tener la capacidad de introducir criterios de interés público como su principal guía de influencia sobre el objeto de lo investigado y sobre los mecanismos de fijación de precio y procedimientos de reembolso" y "alinear las necesidades de la población con los objetivos de las instituciones y las necesidades de las empresas del sector farmacéutico y biotecnológico".
De este modo, expresaba Padilla, "las instituciones públicas han de emular el rol de Estado Emprendedor". En este sentido, la propuesta del número dos de Mónica García, que se estructura sobre ocho puntos principales, pasa ineludiblemente por la creación de una empresa estatal.
Propuestas fundamentales
Así, el primero de los puntos clave estaría relacionado con la industria de I+D biomédica pública, para la cual "se trata de desarrollar una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y -en una segunda fase, y dentro de los límites marcados por la legislación europea- comercialice medicamentos y que ayude a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible". De esta forma, expresa, la función principal de esta empresa sería "coordinar los esfuerzos de investigación preclínica y clínica de las diferentes instituciones públicas, así como desarrollar la capacidad industrial para garantizar la producción de los medicamentos desarrollados bajo titularidad pública".
El segundo punto sobre el que erige su propuesta es el que se refiere a una Oficina de coordinación de ensayos clínicos y transferencia de conocimiento, que tendría un importante papel en la propiedad intelectual e industrial y en "la transferencia del conocimiento". Del mismo modo, Padilla incluía la "producción de medicamentos y otras terapias desarrolladas bajo financiación e investigación de titularidad pública".
Asimismo, en el artículo se incluye la propuesta de poner en marcha la "gestión de un fondo público de capital semilla" para ayudar a que las empresas pudieran invertir grandes sumas de dinero ("en el caso de nuestra propuesta se plantea con la intención de financiar proyectos entre 100.000 euros y 1 millón de euros") y la "creación de un hub de investigación, desarrollo e innovación en enfermedades raras", la "atracción de empresas vinculadas a material sanitario y reconversión industrial" (para garantizar la "soberanía" en la elaboración de productos biomédicos básicos) y la "transición ecológica de la industria farmacéutica y biotecnológica".
Una política con grandes costes
¿Cuál sería el coste para las arcas públicas de esta ocurrencia? Según Padilla, 369 millones de euros de dinero público en cuatro años, creando "1.601 empleos directos y 2.482 empleos indirectos" en este mismo período, unos números difíciles de creer.
De este modo, esta intención de estatalizar el sector farmacéutico está en línea con otras propuestas que desde la izquierda española se pretenden implementar en el ámbito sanitario, las cuales sólo aumentarían el gasto y devaluarían la calidad de los servicios.
Al respecto, en Libre Mercado hemos publicado recientemente cómo el fin de los conciertos sanitarios de los funcionarios que quiere hacer realidad Sumar (que quiere llevar a cabo "de forma paulatina, escalonada y programada", eliminando "la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos") supondría un aumento del gasto público en 2.700 millones y un incremento de las demoras en 75 días más.
Ya se propuso antes
Así las cosas, esta propuesta ya la incluyó Sumar en su programa electoral de las pasadas elecciones generales. En concreto, en el apartado dedicado al "Derecho a la salud", la formación política prometía lograr "una farmacia al servicio del bien común", para lo cual proponía crear una empresa farmacéutica pública "que investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público".
De esta forma, el partido de Yolanda Díaz afirmaba que "se garantizará la independencia del sistema sanitario de la industria farmacéutica, tanto en los aspectos relacionados con la formación como con la investigación, potenciando el papel de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios". Además, entre las propuestas de Sumar que posiblemente defenderá Padilla está incluir "dentro de la cobertura sanitaria universal" a las personas que "reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada". Y aquí se menciona a Muface (la mutua de los empleados públicos), Mugeju (dirigida a funcionarios de Justicia) e ISFAS (la mutua de las Fuerzas Armadas). Seguro que a los funcionarios no les hace ninguna gracia.
Eso sí, la idea de nacionalizar el sector farmacéutico no sólo viene de Sumar. Como publicamos en Libre Mercado, Íñigo Errejón apuntaba en esta dirección incluso antes del estallido de la pandemia de coronavirus, justificando la necesidad de crear una empresa farmacéutica estatal frente a los "chantajes" de las compañías privadas del sector. Esto mismo expresó por aquel entonces Pablo Iglesias en una entrevista en El Diario, donde señaló que no le "temblaría el pulso" si tuviera que "nacionalizar" las empresas del sector farmacéutico.