España y Alemania son los dos únicos países que, teniendo potencia nuclear instalada, procederán al cierre de todas sus centrales, de modo que la producción de energía atómica será sustituida por renovables y la quema de combustibles fósiles, como es el caso de carbón o gas natural.
Y ello a pesar de que la nuclear ha sido declarada como energía verde por la UE y ahora incluso ha sido impulsada como fuente limpia para contribuir positivamente a la reducción de emisiones de CO2 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) celebrada en Dubái. Tanto es así que más de una veintena de países han acordado triplicar la capacidad actual de la energía nuclear para 2050.
España y Alemania se han descolgado de este acuerdo y siguen adelante con su particular ruta para cerrar las centrales operativas. El problema es que tendrá consecuencias. En el caso de Alemania, el fin de la nuclear y su alta dependencia del gas ruso se ha traducido en un fuerte encarecimiento de la factura de la luz, un menor crecimiento económico debido a la pérdida de competitividad industrial y más contaminación debido a la mayor quema de carbón y gas.
Y en el caso de España pasará algo parecido conforme se vaya procediendo al cierre programado de los siete reactores existentes hasta 2035. Además, la situación del mercado energético nacional se complica, puesto que las eléctricas quieren cerrar los 9.000 MW de ciclo combinado por su falta de rentabilidad, lo cual, sumado a la inexistencia de un sistema eficaz de almacenamiento de energía renovable, pone en riesgo el suministro de electricidad a corto y medio plazo.
Esto, al menos, es lo que advierte Red Eléctrica en su último Análisis Nacional de Cobertura del Sistema Eléctrico Peninsular, donde reconoce que España sufrirá apagones si se desmantelan las centrales de ciclo combinado, al tiempo que se retrasa la implementación de almacenamiento adicional y se cumple el calendario de cierre de las nucleares.
En concreto, el informe evalúa el volumen de producción y almacenamiento entre 2024 y 2030 y avanza los posibles desajustes entre la oferta y la demanda, partiendo de la base de que España es una "isla energética en términos de cobertura debido a su limitada capacidad de intercambio con Europa central" y la elevada penetración de las renovables, que producen energía de forma intermitente, exige fuentes adicionales de respaldo o sistemas de almacenamiento para garantizar la estabilidad del suministro.
Si en los próximos años España prescinde de las plantas de ciclo combinado que no son rentables, de modo que producción baja de 24.500 MW a menos de 15.000 MW al año, y se mantiene el plan de cierre gradual de centrales nucleares, pasando su producción de más 7.000 a 3.000 MW al año en 2030, la oferta tendrá serias dificultades para cubrir los picos de demanda a pesar de que la potencia instalada de renovables casi se duplicará en este período, de 50.000 a 96.000 MW al año.
Como resultado, el sistema eléctrico español sufrirá apagones. Según alerta Red Eléctrica, el "desmantelamiento de las unidades económicamente inviables muestra riesgos significativos de cobertura en los próximos años en el sistema peninsular español si no se establecen incentivos adicionales".
En concreto, frente al estándar de fiabilidad de 0,94 horas por año que marca Europa para garantizar en todo momento el suministro, el informe señala que a corto plazo, en 2024, el indicador de Previsión de Pérdida de Carga (LOLE) muestra riesgos de cobertura de 5,63 horas por año; en 2025, el riesgo de cobertura asciende a 6,7 horas por año; a medio plazo, en 2027, el riesgo se eleva a 7,14 horas por año; mientras que a largo plazo, en 2030, el riesgo de cobertura se situaría en 2,34 horas por año, muy por encima aún del umbral máximo que garantiza el suministro (0,94).
Es decir, si no se mantienen todas las plantas de ciclo combinado, con el consiguiente aumento en la quema de gas natural, España sufrirá apagones de electricidad, algo inédito en la historia reciente del país. El Gobierno, por tanto, tendrá que ofrecer incentivos adicionales a las compañías eléctricas para mantener abiertas estas centrales, siempre y cuando insista en cerrar nucleares.
Sin embargo, la quema de gas, al igual que ha sucedido en Alemania con la necesidad de más carbón para producir energía, se traduce en más emisiones de CO2 a la atmósfera, que es justo lo que pretenden reducir muchos países para, en teoría, combatir el calentamiento global. A diferencia de la nuclear, que emite vapor de agua, la quema de gas, al igual que el resto de combustibles fósiles, emite CO2, aunque en menor proporción que el carbón (-50%) y el fuel-oil (-30%).
En 2022, España fue el quinto país de la UE que más aumentó las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes del uso energético por la quema de combustibles fósiles (petróleo y derivados, gas natural y carbón), con una subida de un 3,5% en comparación con 2021. En el conjunto de la UE -excepto Suecia- se emitieron 2,4 gigatoneladas, lo que supone un descenso de un 2,8% con respecto a 2021, según datos de Eurostat.
Las emisiones de CO2 derivadas del uso territorial de la energía disminuyeron el año pasado en 17 países de la UE, sobre todo en Países Bajos (-12,8%), Luxemburgo (-12%), Bélgica (-9,7%) y Hungría (-8,6%). Por el contrario, aumentaron en nueve países, concretamente Bulgaria (12,0%), Portugal (9,9%), Malta (4,1%), Estonia (3,9%), España (3,5%), Grecia (3,3%), Chequia (3,2%), Croacia (0,8%) y Chipre (0,2%).
Así pues, con el cierre de nuclear, España estará obligada a mantener la producción de energía con gas, con el consiguiente aumento de emisiones de CO2, por mucho que apueste por las renovables, para garantizar el suministro. En caso contrario, el riesgo de apagones se disparará.