El Gobierno de Sánchez se está replanteando el impuesto extraordinario a las energéticas después de que Repsol y Endesa hayan advertido que, de continuar este tributo, podrían sacar importantes inversiones fuera del país. Así lo ha reconocido el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista realizada este jueves en Espejo Público, donde también ha alardeado de los "sólidos" fundamentos económicos de los que goza España, pues según ha explicado "vamos a cerrar como la principal economía de la zona euro y la Unión Europea", subrayando que se ha creado "más de medio millón de empleos" y que tenemos "tasas de paro juvenil bajas, relativamente altas respecto de otras economías europeas, pero reduciéndose".
"(…) Estamos viendo que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto, pero se está reduciendo. Y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Por tanto, estamos en esa fase de trabajo de rediseño para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales (..)", ha señalado Sánchez respecto a la posibilidad de dar marcha atrás en la impuesto extraordinario establecido para gravar unos "beneficios caídos del cielo por no hacer nada", enfatizando que este replanteamiento no se debe a las quejas de la empresa, sino a la evolución del mercado y el precio de la energía.
Lo adelantó Ribera
"Hay que ver si existen estos beneficios extraordinarios, de qué manera se concentra la figura fiscal (en ellos) y de qué manera se incentiva reinvertir", explicó recientemente Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, quien en declaraciones a EFE señaló que "es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa en esa figura", puesto que "la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa", añadiendo que, además de ello, "es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético" y que cuanto antes se logre hacer esa transición, "más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía".
Las compañías advierten
La primera de las compañías en advertir que sacarían sus inversiones fuera de España si permanecía el impuesto extraordinario fue Repsol, que podría sacar hasta 1.500 millones de euros a países como Francia o Portugal. Así, el presidente de la compañía, Antonio Brufau, calificó de "incomprensible" que en España se quiera mantener este impuesto, basado en "hipotéticos" beneficios extraordinario. Así, Brufau destacó que "los costes a los que el Gobierno somete a sus empresas las coloca en clara desventaja competitiva".
También lo advirtió Josu Jon Imaz, CEO de la petrolera, confesando que desde la compañía están hartos de la arbitrariedad fiscal y jurídica del Gobierno. Precisamente, fue Imaz quien en una conferencia organizada por Alumni Esade celebrada hace unos días denunció que la empresa no logró recuperar las pérdidas que sufrió entre 2019 y 2020 (que ascendían a 7.200 millones de euros) durante los ejercicios de los años 2021 y 2022. "Esas sí que fueron pérdidas extraordinarias", quiso destacar, añadiendo que le "llevan los diablos" cuando escucha hablar a alguien de beneficios extraordinarios.
De hecho, la petrolera es la compañía más afectada por el impuestazo, con unos 450 millones de euros este año. Por su parte, tras Repsol se encuentran Cepsa, con 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, con unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, con 200 millones de euros. Así, en total, Repsol ha pagado ya casi 11.000 millones de euros al Estado español durante los tres primeros trimestres del año.
Pero esta no ha sido la única compañía que ha advertido de que el mantenimiento del impuestazo condicionaría sus inversiones en España. Así, como hemos informado en Libre Mercado, Galp, BP y Cepsa también se han pronunciado en este sentido. De esta forma, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a la que pertenecen estas compañías, señaló que "prolongar el gravamen extraordinario condiciona la inversión para acelerar la transición energética en España".
Bruselas desmonta a Sánchez
Así las cosas, ha sido la Comisión Europea el último organismo que ha desmontado el argumento de Sánchez, mostrando en un informe que ha remitido al Consejo que las empresas energéticas no están teniendo los mismo beneficios del año pasado. Más bien al contrario, los precios de la energía han caído notablemente en 2023, poniendo en entredicho de este modo el discurso que desde la izquierda venían defendiendo hasta el momento acerca de los ganancias de estas compañías y el supuesto oportunismo con el que estarían aprovechando la actual coyuntura socioeconómica y geopolítica para hacer caja y lucrarse de forma extraordinaria.
Como destaca el informe, "la crisis energética de 2022 ofreció un telón de fondo perfecto para la creación de beneficios inesperados en toda la cadena de valor, superando significativamente las condiciones del mercado de la era anterior a la crisis", dejando claro que un año después, la situación no es la misma y que "con la disminución gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023, el entorno para la generación de beneficios extraordinarios se ha moderado en comparación con las condiciones extraordinarias del año anterior 2022" y subrayando que la evolución de los mercados de energía fósil está teniendo una situación "muy diferente" respecto de la que se vivía cuando entraron en vigor estas medidas.
En concreto, el informe destaca que "las medidas adoptadas en 2022 han aliviado la presión sobre los mercados energéticos y, por tanto, han reducido los precios del gas natural, que oscilaban entre 40 EUR/MWh y 50 EUR MWh a principios del otoño de 2023, frente a los más de 200 EUR/MWh del verano de 2022". Por su parte, "los precios mundiales del petróleo crudo han disminuido recientemente a menos de 85 USD/barril debido a una mejora general de los fundamentos del mercado que apuntan a una menor rigidez en el mercado".
La Comisión señala también que el precio de los productos petrolíferos refinados sufrió "una fuerte caída hasta principios del verano de 2023". Lo mismo ocurre con el carbón, que "después de alcanzar un máximo de más de 400 EUR /tonelada en el verano de 2022 desde los precios anteriores a la crisis de alrededor de 50 EU /tonelada, los precios del carbón han ido cayendo continuamente hasta estabilizarse en alrededor de 100 EUR /tonelada en el verano de 2023".