Si subsidiar el paro crea más paro, la eliminación de subsidios logra el efecto contrario, incentivando así la reincorporación de los desempleados al mundo laboral. Pero el Gobierno de PSOE y Sumar no parece tener ningún interés en que los españoles se ganan la vida por sí mismos, más bien al contrario, puesto que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha marcado como objetivo aumentar en un 50% el número de personas que cobran un subsidio de paro, hasta un total de 1,1 millones.
Y para ello plantea, entre otras medidas, elevar la cuantía del subsidio de 480 a 660 euros al mes, al tiempo que extiende su cobro a los parados menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura. El objetivo de esta política, aplicada en países como Argentina, no es otro que incrementar la dependencia estatal de una creciente parte de la población a base de paguitas con el fin de comprar votos y, así, tratar de mantenerse en el poder.
Si lo que se pretende, por el contrario, es reducir el paro, lo que debería hacer el Gobierno es eliminar, restringir o, como mínimo, condicionar la concesión de subsidios y prestaciones de desempleo, tal y como evidencian diferentes estudios. Un reciente informe elaborado por EsadeEcPol recoge los resultados que cosechó a este respecto la reforma laboral de 2012, aprobada por la exministra del PP Fátima Báñez.
Por un lado, la reducción progresiva y escalonada de las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes incrementó significativamente la probabilidad de retorno a la fuerza laboral (+41%). Y el efecto fue más significativo para hombres, trabajadores de más de 30 años y con hijos, sin observarse reducción de salarios en los nuevos empleos.
Asimismo, el incremento de la edad mínima, de 52 a 55 años, para percibir el subsidio extraordinario de desempleo también incrementó la probabilidad de volver a ocuparse, hasta un 12% durante el primer año y hasta un 83% a lo largo de los tres primeros años, si bien esta última modificación implicó algunos costes, como un incremento de la probabilidad de abandonar por completo del mercado laboral o una reducción salarial del entorno del 8%.
Además, aunque el debate en torno a la reducción de las prestaciones suele incidir en que perjudicaría a los hogares de menos renta, el impacto positivo que tiene a la hora de encontrar trabajo y reducir el período de paro compensaría cualquier regresividad de partida, especialmente si se complementara con una reforma "más ambiciosa y profunda" de las políticas activas de empleo, según aclara este estudio.
"España tiene un amplísimo margen de mejora en potenciar acciones de apoyo integral, personalizado, centrado en la orientación y en el mejor encaje entre oferta y demanda de trabajo para romper ciclos de desempleo de larga duración y trampas de bajas habilidades que afectan de manera diferencial precisamente a aquellos perfiles laborales más vulnerables", concluye. La mera elevación y ampliación de subsidios no contribuye en ningún caso a reducir el paro, sino a incrementarlo.