El subsidio del paro ha provocado uno de los mayores choques entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz desde que empezaran a compartir gobierno en 2020. Se trata de la subvención que perciben los parados en el momento en el que agotan la prestación contributiva y cumplen una serie de requisitos para ingresarla (edad, cargas familiares...).
Este asunto estaría dentro de la reforma del nivel asistencial del desempleo en la que Economía y Trabajo llevan más de un año negociando para enviar a Bruselas. A cambio del siguiente tramo de los fondos europeos, España tendrá que tener preparado el Componente 23 del Plan de Recuperación bautizado como "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo". Sin embargo, el motivo de este desencuentro es que Calviño y Díaz entienden de manera diferente la fórmula para llevar a cabo esas políticas.
La polémica estalló hace unos días. Primero, la propuesta del Ministerio de Economía se filtraba a los medios (según Trabajo, es el departamento de Calviño el que lo divulga), y después, era el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, el que daba algunas pinceladas sobre las propuestas de su equipo para los subsidios. Esto enfadó sobremanera a Yolanda Díaz.
Y es que, con los últimos movimientos de Calviño, la ministra de Trabajo está viendo amenazadas sus competencias. Además, la líder de Sumar rechaza abiertamente el plan de su compañera de gobierno porque pretende aplicar "recortes" en el paro.
Más de la mitad cobra un subsidio y no la parte contributiva
Pero, ¿cuántas personas están cobrando ese subsidio del paro a día de hoy? Lo cierto es que, tal como reflejan las propias estadísticas del Sepe, se trata de una cuantía importante. De los más de 1,73 millones de parados que cobraron alguna prestación por desempleo el pasado mes de octubre, un total de 710.662 personas estaban dentro de ese programa asistencial.
Como se observa en la siguiente tabla, esto significa que hay casi el mismo número de parados que cobran un subsidio que el de parados que cobran la prestación por haber cotizado previamente la cuantía exigida por el Estado. En concreto, estamos hablando de que sólo hay 772.852 parados que ingresan la cuantía contributiva que le corresponde.
Si al subsidio por desempleo le sumamos el subsidio agrario (82.065 personas) y la renta activa de inserción, que es la renta que se cobra al agotar el subsidio por desempleo y que cobran 94.476 personas en nuestro país, nos encontramos con que poco más de la mitad de los 1,73 millones de parados que cobraron alguna prestación por desempleo el pasado mes de octubre no habían cotizado la parte que les corresponde, sino que se habían beneficiado de excepciones.
Con estos datos, vemos que las prestaciones por desempleo tienen una naturaleza más parecida a las subvenciones que a la de ejercer como un seguro de desempleo al que los trabajadores acuden ante la emergencia de quedarse sin trabajo y gracias a sus aportaciones previas. Así, en el caso del paro, vemos que la parte asistencial llega a tener más protagonismo que la contributiva.
Yolanda Díaz disparará los parados subsidiados
Pero para el Ministerio de Trabajo la actual cobertura de los subsidios no es suficiente. Yolanda Díaz presentó la semana pasada varias ideas completamente contrarias a las de su compañera socialista. En concreto, el plan que pretende aprobar cuanto antes la líder de Sumar en Consejo de Ministros se basa en un mayor subsidio del paro y un aumento del número de beneficiados. También, se lo notificará a Bruselas, aunque Economía esté en contra.
Por ejemplo, a día de hoy, el subsidio del paro es de 480 euros al mes (80% del IPREM) y Yolanda Díaz quiere elevar su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem). Los seis meses siguientes esa prestación también estará por encima de la actual (540 euros mensuales, el 90% del Iprem) para después recuperar ya el 80% del Iprem hasta su extinción (30 meses).
Además, a los actuales 710.662 beneficiados por este subsidio Trabajo añadirá a todos los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000 más) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000 extra), lo que dispararía en casi un 50% el número de beneficiados por el subsidio. Trabajo no ha evaluado el aumento del coste de la medida para el contribuyente, aunque no le ha quedado más remedio que admitir que será más elevado que el actual.