Diversas consultoras han lanzado sus mensajes de alerta por la situación en la que entra España con un Gobierno socialista-comunista condicionado por completo por proetarras, separatistas y golpistas. Desde S&P, hasta Alantra o Moody’s han planteado sus temores por los tiempos políticos y fiscales que se avecinan en España. Pero una de las consultoras acaba de ir más allá. Se llama Freemarket y ha señalado con contundencia que "no es cierto que España esté en incertidumbre. Está en certidumbre": de "ser un país atrasado".
El informe de Freemarket es rotundo en su veredicto. "La economía española se encamina hacia una situación muy delicada en el horizonte no sólo del corto y del medio plazo, sino del largo". Porque, añade, "a los problemas coyunturales y estructurales presentes, se suma la configuración de un entorno de inestabilidad institucional que crea unas condiciones nada propicias para que España crezca de manera equilibrada y sostenible".
La conclusión inicial para la consultora es letal: "El problema no es ya de incertidumbre, sino de certidumbre: la consolidación de un sistema que en el aspecto macroeconómico hace imposible lograr una estabilidad básica y en el microeconómico desincentiva el trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación y el aumento de la productividad; las fuentes del crecimiento y del bienestar social. Esta es la situación de partida al inicio de la nueva Legislatura".
El informe señala que "lo preocupante, con serlo y mucho, no es la desaceleración de la economía, de la creación de empleo o del consumo y de la inversión privada ni siquiera el riesgo, como ha señalado el BCE, de una crisis de deuda, sino la entrada en una senda en la que no sólo no se avance, sino se retroceda, en la convergencia real en términos de PIB per cápita y de empleo-paro con la media de la Unión Europea y de la Eurozona; es decir, que la divergencia se incremente".
Porque, dice Freemarket, "el peligro para España es convertirse en un país atrasado en el entorno europeo y con enormes dificultades para acercarse a sus niveles de vida. Esta amenaza se acentúa en un escenario disruptivo, de cambio radical como el afrontado por las economías desarrolladas".
El estudio no elude las explicaciones: "En España se está produciendo un cambio de régimen económico definido por un creciente peso del Estado en la economía, lo que se refleja en el plano presupuestario, en el fiscal y en el regulatorio, acompañado por una erosión del marco institucional propio de una economía de mercado; en concreto, de las reglas del juego en las que la actividad económica opera".
"La progresiva discrecionalidad-arbitrariedad del Gobierno y la erosión del Estado de Derecho han quebrado algo esencial, la seguridad jurídica, lo que está afectando y afectará de manera negativa al equilibrio del binomio riesgo-incertidumbre, disparando ambas variables", añade el informe.
Y esta tendencia, señala, "evidente a lo largo de la pasada legislatura se ha agudizado con el acuerdo programático entre el PSOE y SUMAR y con los compromisos asumidos con otras fuerzas políticas de significación territorial. Al margen de las consideraciones políticas que no corresponden a esta nota, el primero supone profundizar en el aumento del gasto público, de los impuestos y de la intervención gubernamental en la economía; el segundo, implica la desarticulación de la estructura financiera del Estado con la ruptura del régimen común de financiación autonómica y deteriora aún más la unidad de mercado". Así, "si lo pactado se lleva a la práctica, España habrá dado un salto hacia un sistema socioeconómico inédito en los países de su entorno o, siendo prudentes, muy alejado del existente en ellos".
Los motivos son claros: "1. Es irresponsable e insostenible mantener el crecimiento del gasto público con unos niveles de déficit y de deuda como los existentes, con un ritmo de crecimiento del PIB en declive, con una marcada tendencia a la baja de la recaudación tributaria y en vísperas de la restauración de las reglas fiscales en la Eurozona […]".
En segundo lugar, "es lesivo realizar nuevas subidas de los tributos existentes, crear otros nuevos y mantener los que se introdujeron de forma "temporal" cuando la economía se desacelera y cuando el impacto del alza de los tipos de interés, que aún no se ha materializado en su totalidad, golpea la renta de las familias y eleva los costes financieros de las empresas".
Tres, "es malo para el empleo dotar de mayor rigidez al mercado laboral, reduciendo por mandato imperativo, para todas las empresas y sin reducción salarial la jornada laboral a 37,5 horas semanales; aumentando de nuevo el SMI haciendo abstracción de la muy distinta estructura socio económica de las Comunidades Autónomas; haciendo cuasi imposible el despido, así como la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los convenios de ámbito superior".
Y , cuatro, "es letal en un escenario como el descrito utilizar desde el Gobierno una retórica y un discurso anti empresariales, impropios de un Estado desarrollado, e incompatibles con la generación de un clima de confianza imprescindible para la puesta en marcha de iniciativas empresariales domésticas, para evitar su deslocalización y para atraer capital exterior". Y todo ello figura en el acuerdo PSOE-SUMAR, España Avanza.