El liberal-libertario Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina con dos mensajes contundentes para ganarse el apoyo de los votantes, uno a favor de la "libertad" y otro en contra de la "casta parasitaria" que vive de los impuestos que pagan trabajadores y empresas.
Y tras dos semanas en el poder, su Gobierno está cumpliendo ambas promesas. Ejemplo de la primera es el histórico decreto de liberalización económica anunciado el pasado miércoles por el que se derogan 300 leyes y regulaciones innecesarias y contraproducentes. Pero también ha protagonizado importantes avances en la segunda, atacando frontalmente los privilegios que, hasta ahora, disfrutaban los sectores dependientes del Estado.
Argentina es, desde hace décadas, un estado clientelar o, lo que es lo mismo, un claro exponente de lo que se denomina capitalismo de estado, pero llevado al extremo. El profundo y arraigado intervencionismo estatal lo copa casi todo. No por casualidad, el país ocupa uno de los últimos lugares del mundo en el ranking global de Libertad Económica que elabora el Fraser Institute, junto a Libia, Irán, Yemen, Sudán, Siria, Zimbabue o Venezuela.
A la elevada carga fiscal y el excesivo gasto público, se suma la ausencia de libre mercado y libre comercio, de modo que casi todas las actividades están fuertemente controladas y dirigidas desde el poder político. El proteccionismo se traduce en la exigencia de permisos y el pago de tasas para poder exportar e importar cualquier producto.
El mercantilismo, por su parte, ha convertido Argentina en una economía de lobbies, donde las empresas evitan la competencia mediante todo tipo de trabas y barreras de entrada fijadas por el Gobierno, de modo que el empresario, en última instancia, no se afana en atender convenientemente al mercado, ofreciendo el mejor servicio al menor precio a los consumidores, sino en ganarse el favor del político de turno para obtener prebendas. Sobra decir que semejante esquema es un caldo de cultivo idóneo para que prospere y se extienda la corrupción política. Además, la ausencia de competencia, se traduce en escasez y precios más altos para los argentinos.
Y todo ello sin olvidar el sólido y poderoso sindicalismo existente. Los sindicatos reciben cuantiosos fondos públicos, ejercen de intermediarios en la concesión y suspensión de prestaciones públicas a trabajadores y parados y, por si fuera poco, contaban con carta blanca para ejercer la violencia callejera sin ningún tipo de cortapisa, al tiempo que podían bloquear empresas y sectores enteros mediante amenazas y coacciones de todo tipo.
Además, la amplia red de empresas públicas, todas ellas deficitarias, junto con la existencia de un sector público sobredimensionado, como evidencia la presencia de, al menos, 1 millón de funcionarios que cobran, pero no trabajan, conocidos como ñoquis, equivalentes a casi un tercio del empleo público del país, hace que trabajadores y empresas tengan que hacer frente a una elevada carga fiscal para poder mantener semejante dispendio.
En definitiva, la "casta" en Argentina es amplia y variada. Son muchos los que viven a costa de los demás: políticos, sindicatos, empresas prebendarias, funcionarios, empresas públicas… Milei ha puesto en marcha varias medidas para acabar con buena parte de sus privilegios:
- Contra la casta política: reducción a la mitad de ministerios y secretarías, lo cual redundará en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos y 34% de los cargos políticos del Estado; rebaja de sueldos, dietas, coches oficiales y chóferes; recorte de las transferencias del Estado central a las provincias.
- Contra la casta sindical: se prohíbe cortar el tráfico; quien incumpla no recibirá subsidio; los costes de seguridad derivados de las protestas se cargarán a los organizadores; se deroga la intermediación sindical en la concesión y suspensión de prestaciones, que les permitía movilizar gente en la calle bajo amenazas y coacciones; se prohíbe la violencia y extorsión que ejercen los piquetes sobre los trabajadores que no secundan la huelga; se prohíben los bloqueos; se decreta que la sanidad, la educación y el transporte son, entre otros, "servicios esenciales", garantizando con ello unos servicios mínimos del 75% en caso de huelga; se eliminan los aportes obligatorios de trabajadores y empresas a los sindicatos.
- Contra los ñoquis: se decreta la presencialidad del 100% de los empleados públicos; no se renovarán los contratos inferiores a un año, ya que es tradición en Argentina colocar a afines en el sector público meses antes de las elecciones; se realizarán auditorías internas en todos los departamentos estatales para identificar los puestos que son realmente necesarios y los que no, a fin de reducir las plantillas públicas.
- Contra las empresas públicas: todas las empresas públicas pasarán a ser sociedades anónimas para, posteriormente, proceder a su privatización; el Gobierno repartirá entre los trabajadores todo o parte del accionariado de Aerolíneas Argentinas.
- Contra la casta empresarial lobística: liberación de importaciones y exportaciones; liberalización económica y comercial; fin del proteccionismo; fin de la fijación de precios por parte del Gobierno; fin a las subvenciones empresariales y sectoriales; fin a la expedición de licencias y permisos en numerosas actividades económicas; suspensión del gasto en publicidad del Gobierno por un año; fin de los controles aduaneros; fin del registro automotor; se despenaliza la compra de dólares en el mercado informal.
- Contra los contratistas del Estado: fin a la licitación de obra pública, que deberá ser financiada por el sector privado. El Estado no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.
Tal y como explica Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza, "desregular la economía es sacar al Estado de la vida de las personas"; "todos los políticos llegan al poder para acumular poder, Milei llegó para devolvérselo al pueblo".
Desregular la economía es sacar al Estado de la vida de las personas. Ese Estado que gasta más de lo que recauda. Que tiene funcionarios multimillonarios y 45% de ciudadanos pobres. Todos los políticos llegan al poder para acumular poder, Milei llegó para devolverselo al pueblo.
— Agustín Romo (@agustinromm) December 21, 2023
"Ataca la casta"
Federico Sturzenegger, asesor de Milei y principal artífice del decreto de liberalización económica, afirmó esta semana que el objetivo de este texto es justo ése: "El decreto ataca a la casta con la libertad y la competencia". Entre otras claves, indica lo siguiente:
- "Milei busca dar una señal clara de que el país se encamina hacia otra dirección"
- "El país es estable en el sistema de la casta, empobrecedor, año tras año los mismos sindicalistas"
- "El DNU [decreto] trata de confrontar ese sistema de la casta"
- "Milei no les dice a los sindicatos no tengan obras sociales, sino que compitan"
- "Veremos si las castas están dispuestas a hacer explícitos sus privilegios"
- "Nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad, estoy impactado por lo rápido que leyeron al DNU"
- "En la Argentina el régimen de despido es complejo, en un sentido que alimenta una casta perjudicial para el empleador y el trabajador"
- "Le estamos dando a la gente la libertad que elija, sin pagarle a un intermediario, qué proveedor de salud quiere tener"
- "Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público"