España se ha convertido en el país con mayor número de sentencias internacionales incumplidas. Así lo acredita un informe del jurista holandés Nikos Lavranos que nos coloca a la par con Venezuela y por encima de Rusia. Aunque esta circunstancia ha generado un grave problema de inseguridad jurídica, el gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a resarcir a las empresas e inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y denunciaron con éxito a España ante los tribunales internacionales.
Libre Mercado ha conversado con el propio Nikos Lavranos para conocer su opinión sobre los resultados que arroja la investigación y el futuro que espera a nuestro país si continúan los impagos y, con ello, se siguen ejecutando nuevos embargos de bienes de España en el extranjero como forma de compensar a las empresas afectadas.
El jurista holandés destaca que, "en los doce últimos meses, el número de condenas internacionales a España no ha dejado de crecer. Si uno compara la primera edición del índice, que salió a finales de 2022, con esta nueva entrega del estudio, lo que encuentra es que el número de casos se ha duplicado (de 8 a 15 sentencias impagadas) y que el monto adeudado también se ha doblado (de 700 a 1.300 millones de dólares), de modo que la situación se sigue agravando".
"El gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para apelar las sentencias y, cuando éstas ya son firmes, está intentando anular los arbitrajes. Sin embargo, la práctica totalidad de los casos que ya han llegado a su fin han quedado saldados con una condena a España. Además, aunque la pandemia retrasó el desarrollo de estos litigios, que ya de por sí suelen ser largos, lo cierto es que en los últimos años hemos conocido nuevas sentencias que, si bien no son firmes, añaden otras diez condenas", explica Lavranos.
¿Cómo es posible que España vea embargados sus bienes? "Cuando tienes un laudo definitivo en tus manos y el gobierno que debería indemnizarte no lo hace, se abre la puerta al embargo de tus bienes en el extranjero, siempre y cuando los tribunales de esos países lo autoricen. De momento, esto es lo que le está pasando a España en Reino Unido, pero solo es cuestión de tiempo que pase lo mismo en Australia o Estados Unidos. Por lo tanto, la línea dura del gobierno español, insistiendo en que no va a pagar estos laudos, tiene un recorrido limitado, puesto que el pago de los laudos se puede hacer efectivo a través de embargos".
"La única forma de arreglar este asunto pasa por cumplir íntegramente las sentencias condenatorias o, si se prefiere, llegar a acuerdos. Los afectados probablemente aceptarían alguna quita, puesto que están deseando acabar con esto de una vez, de modo que en vez de pagar un 100%, quizás España podría reducir su factura un poco, quien sabe si un 10% o incluso un 15%. A cambio, España limpiaría estas deudas y ya no tendría que enfrentar nuevas denuncias. La alternativa no es otra que seguir litigando, con todos los costes que esto supone, y seguir generando inseguridad jurídica, con la consecuente pérdida de inversión extranjera", señala nuestro entrevistado.
Por todas estas cuestiones, Lavranos opina que "España debe pagar y, cuando antes lo haga, mejor. Creo que el nuevo gobierno muestra una visión cortoplacista y no se da cuenta del efecto que está teniendo esta problemática. Las empresas afectadas han mostrado señales de que quieren llegar a un acuerdo. Sin embargo, si las cosas siguen así, no se puede ignorar que España está pagando un precio cada vez más caro, puesto que la reputación internacional del país se está hundiendo como resultado de estas estrategias de impago".
Además, "esta inseguridad jurídica resulta especialmente dañina para la transición energética. La Unión Europea y el gobierno español dicen que quieren apostar por las renovables, pero desplegar toda esa potencia exige seguridad jurídica y consolidar un entorno favorable para hacer negocios. España ha enviado una señal de desconfianza a los inversores, hoy por hoy es percibido como un país que no es de fiar. Por lo tanto, o no se invierte en el país, o se invierte a medias para descontar el riesgo… Precisamente por eso vemos que los niveles de inversión extranjera han caído durante un 2023 marcado por la inestabilidad política y los embargos provocados por estos impagos".