En el intrincado mundo de las decisiones políticas y las obligaciones financieras, salta a la vista el marcado contraste entre las decisiones de Javier Milei y Pedro Sánchez con respecto a los laudos de arbitraje que condenan a Argentina y España a asumir distintas indemnizaciones. Mientras que el presidente libertario demuestra determinación al abordar el problema de la deuda milmillonaria derivada de la expropiación de YPF, el socialista sigue eludiendo el pago de decenas de condenas relacionadas con la retirada retroactiva de las primas renovables.
A partir de este mismo mes de enero, Argentina enfrenta el desafío de desembolsar la astronómica cifra de 16.000 millones de dólares. Esta circunstancia es el resultado del laudo arbitral que juzgó la nacionalización de YPF por parte del gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner. Ante este delicado escenario, el Milei ha insistido en que "no tenemos la plata" pero ha asumido un enfoque proactivo a la hora de buscar soluciones innovadoras.
Así, Milei confirmó recientemente en una entrevista con La Nación que está considerando la creación de una suerte de tasa perpetua, conocida como "Bono Kicillof", que será asumida por todos los argentinos y permitirá acometer el pago de los 16.000 millones a lo largo de los próximos años.
Llamar "Bono Kicillof" a este mecanismo no es ningún capricho, puesto que el peronista Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, fue el ministro que diseñó y ejecutó el plan de nacionalización de YPF que luego derivó en la costosa condena que Argentina tendrá que pagar.
Este enfoque de pagar con bonos perpetuos puede verse favorecido por los ingresos que genere la privatización de YPF, prevista para la presente legislatura. De esta forma, Milei señala un compromiso real con la seguridad jurídica y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. En un país lastrado por la falta de capital foráneo y la desconfianza de los inversores, el mandatario argentino está enviando un mensaje claro a los mercados y poniendo de manifiesto que pretende llegar a acuerdos y respetar los derechos de propiedad de quienes sufrieron la nacionalización de YPF.
El historial de impagos de Sánchez
En el otro extremo, Pedro Sánchez ha optado por ignorar estas condenas internacionales, dejando pendientes de pago decenas de laudos que exigen a nuestro país el pago de indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. Estas 25 sentencias adversas llevan aparejados otros 250 millones de gasto "extra" en concepto de intereses de demora, condenas en costas u honorarios de abogados.
Aunque el gobierno de Sánchez confía en su capacidad para evadir las responsabilidades financieras, los recientes embargos de activos españoles en el extranjero han puesto en tela de juicio el recorrido de tal estrategia. Así, la justicia británica ha atendido las peticiones de los inversores afectados y ha intervenido la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones de euros, así como la sede del Instituto Cervantes en Londres. También en la City, la magistratura de las islas ha intervenido una oficina de promoción económica de la Generalidad de Cataluña radicada en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Por otro lado, se han incautado cuatro cuentas bancarias con más de 800.000 euros de saldo y se ha activado un proceso de default técnico que afecta a cuatro bonos soberanos de deuda española valorados en 1.000 millones, circunstancia que ha elevado sustancialmente la financiación del Tesoro.
El contraste entre la acción decidida de Milei y la evasión de responsabilidades de Sánchez pone de manifiesto la importancia de la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Mientras el primero opta por soluciones creativas para honrar las obligaciones, Sánchez el segundo echa por los suelos la confianza de los empresarios y la estabilidad financiera con su decisión de eludir las condenas.
La incertidumbre jurídica ya está contribuyendo a ahuyentar las inversiones que llegan del extranjero, como reflejan los datos para enero-septiembre de 2023, en los que se aprecia un desplome del 23% en la entrada de capital foráneo. Asimismo, empresas del sector como Repsol o Ibedrola han insistido en que, o España empieza a ofrecer más seguridad jurídica, o se llevarán su dinero a otros países como Reino Unido, Francia o Portugal.