A pesar del no del PSOE, el Partido Popular aprobó este miércoles en el Senado la toma en consideración de una de las propuestas estrella de Alberto Núñez Feijóo: la ‘ley antiokupación’ que permitirá el desalojo en 24 horas.
El PP tiene la esperanza de que esta Proposición de Ley prosiga con su tramitación en el Congreso para su aprobación definitiva ya que en el Senado, PNV, Junts y Coalición Canaria se han abstenido. Si esos grupos repitiesen ese mismo sentido de voto cuando la ley llegue al Congreso, saldría adelante.
La Proposición de ‘ley antiokupación’ del PP plantea cambios que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por ocupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas ocupadas. Incluye, además, los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la ocupación, y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los ocupas y adoptar medidas preventivas.
La ocupación "nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza. Los ocupas son delincuentes organizados. Y, por ello, no se les desahucia, se les desaloja, y al vulnerable se le protege", explicó este miércoles el portavoz de Vivienda del PP, José Ramón Díez de Revenga, que recordó que se calcula que en España hay 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente y que es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierna, incrementándose las denuncias por estos casos en un 37%.
Los afectados aplauden la toma en consideración
La Plataforma de Afectados por la Ocupación, por su parte, aplaude la toma en consideración de una ley que llevan años reclamando. "¡Lo hemos conseguido! ¡Primera propuesta de ley antiokupas que se aprueba en un órgano legislativo español! -celebraba su portavoz, Ricardo Bravo, nada más conocer la noticia-. Seguiremos luchando para que se haga justicia a todas las víctimas que llevan años sufriendo la indiferencia del Gobierno".
Tal y como recuerda en declaraciones a Libre Mercado, se trata de una ley que ya se debatió en noviembre de 2022 en el Congreso de los Diputados y fue rechazada. Sin embargo, con el nuevo reparto de escaños y la abstención de Junts, CC y PNV se abre la puerta a la esperanza. "Por lo que hemos visto hoy, es muy probable que si llega a la Cámara Baja ahora sí pueda aprobarse, así que la sensación es de mucha satisfacción, aunque lógicamente lo consideramos un primer paso de muchos que hay que dar todavía", asegura Bravo.
El portavoz de las víctimas insiste, por ejemplo, en la importancia de legislar para atajar la inquiokupación -aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar y se convierten de facto en okupas-, una modalidad sobre la que la propuesta del PP no dice nada. "En este sentido, les hemos trasladado que todavía nos parece insuficiente. Si ya lo era en 2022, ahora muchísimo más -advierte en referencia al aumento de este tipo de casos al calor del decreto antidesahucios del Gobierno-, pero es cierto que tenemos el compromiso del Partido Popular de seguir avanzando y de que, una vez que se apruebe esta ley, ir incorporando nuevos puntos en el articulado o incluso aprobar otras leyes que atajen cualquier tipo de ocupación".
Frente a la plena disposición de Feijóo para abordar este asunto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia la cerrazón de un Gobierno que ni siquiera se digna a recibirles. No en vano, tal y como manifestaron en su reciente intervención en Bruselas, Sánchez y sus ministros se han negado a reunirse con ellos hasta en 25 ocasiones. En todo caso, y gracias a la movilización de las víctimas, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo iniciará una investigación para determinar si la legislación española, y en particular el polémico decreto antidesahucios ya mencionado, vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad.