Libre Mercado informó el pasado verano de la disputa legal que mantienen distintas empresas japonesas con el Reino de España a raíz de los impagos a las renovables. Una de las compañías afectadas por el incumplimiento de las sentencias internacionales que obligan a nuestro país a indemnizar a las firmas perjudicadas es el gigante JGC, una histórica cotizada nipona cuya facturación anual supera los 5.000 millones de euros.
La empresa asiática, que operaba dos plantas de energía solar en la provincia de Córdoba a través de su filial de renovables, denunció a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Referidas a Inversiones (CIADI) el 22 de junio de 2015. El tribunal del Banco Mundial admitió la querella y constituyó en enero de 2016 el tribunal encargado de dirimir el proceso.
Aunque JGC pedía 93,5 millones de euros como compensación por las modificaciones regulatorias retroactivas sufridas, la decisión adoptada por el tribunal el 9 de noviembre de 2021 cifró finalmente la indemnización pendiente en 23,5 millones. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado al Banco Mundial que se niega a cumplir la sentencia, situando a España a la par con regímenes deudores como el ruso o el venezolano.
Pues bien, según ha podido saber este diario, JGC se ha cansado de esperar y ha decidido acudir a la justicia estadounidense. La idea de la corporación japonesa no es otra que pedirle a los tribunales del país norteamericano que insten a España a pagar la indemnización pendiente o, en caso de mantenerse el incumplimiento, procedan a embargar y confiscar bienes de nuestro país.
La magistratura estadounidense revisará próximamente la denuncia de JGC, pero ya está tramitando otras querellas como, por ejemplo, la que interpuso la empresa NextEra, que también enfrenta el mismo problema y ha sufrido impagos por un valor que ya supera los 300 millones de euros.
Si España mantiene sus impagos, los tribunales estadounidenses pueden seguir los pasos de la justicia británica o australiana, que ya han empezado a desarrollar la incautación de diversos activos españoles en el extranjero, incluidos edificios institucionales, cuentas bancarias, títulos de deuda o derechos de cobro.