Pedro Sánchez acaba de rebajar el delito de malversación por petición de sus socios separatistas. Ahora negocia directamente amnistiar a los delincuentes por este delito de corrupción también bajo exigencia de sus aliados separatistas. Y, mientras, la UE acaba de incluir entre sus objetivos prioritarios en la lucha judicial por la defensa de los derechos fundamentales y ante la ONU nada menos que esos delitos. Todo ello cuando los jueces españoles ya reconocen que, tras la aprobación de la ley de amnistía de Sánchez, acudirán al Tribunal de Justicia de la UE para reclamar que el borrado de delitos de malversación o terrorismo viola abiertamente el derecho europeo.
El panorama jurídico se le tuerce a Sánchez. El Consejo ha aprobado las conclusiones sobre las prioridades de la Unión Europea en los foros de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para 2024. En sus conclusiones, el Consejo blinda el compromiso de la UE con "los derechos humanos, el multilateralismo y el sistema de justicia penal internacional".
Pero la UE ha hecho hincapié en determinadas prioridades temáticas. Y allí se incluyen la "firme oposición de la UE a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias", su "condena del uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" y, atención, la garantía "del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas" para que "luchen contra la corrupción y defiendan la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión y opinión".
Y dentro de los delitos de corrupción se incluye la malversación de caudales públicos, una de las condenas que recae sobre las espaldas de algunos de los principales líderes separatistas aliados de Pedro Sánchez y que ha sido incluido en la ley de amnistía del Gobierno. Es decir, que mientras la UE blinda la persecución de la malversación, Sánchez la amnistía. Y lo hace justo cuando la norma de amnistía se encuentra a pasos de llegar al Tribunal de Justicia de la UE.
El Consejo hace hincapié en que la UE seguirá desempeñando un papel de liderazgo en las iniciativas de derechos humanos e "invita a todos los socios a unir esfuerzos para defender y promover los derechos humanos a nivel mundial y construir asociaciones más sólidas".
Hay que recordar que este punto siempre despertó temores en Junts. El partido de Carles Puigdemont, de hecho, ha seguido negociando en esta línea y, tras pedir indultos, rebajas del delito de malversación, amnistías, etc. ha pasado al capítulo dinero y acaba de exigir al Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para reclamar lo que denomina como el "fin al asedio a Andorra" y la paralización de las investigaciones sobre las relaciones de cargos de su partido con este paraíso fiscal. Hay que recordar que en la investigación a los Pujol se incorporó a la macrocausa información sobre las cuentas en Andorra de la familia del que fuera máximo responsable de CiU y presidente de la Generalidad.
La Agencia Tributaria ha remitido en diversas ocasiones información sobre los movimientos del separatismo en Andorra. Una de ellas y de las más sonadas sucedió en abril de 2020, cuando remitió un escrito al magistrado José de la Mata, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, informando de las cuentas en este paraíso fiscal del tercer hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola.