A dos meses de las elecciones y en funciones, el gobierno de la Generalidad ha irrumpido en la precampaña con la exigencia "oficial" de recaudar todos los impuestos. Pero según ha explicado la consejera de Economía, Natàlia Mas, no sólo se trata de recaudar todos los impuestos, incluidos el IVA, el IRPF o los impuestos especiales sino que además el ejecutivo catalán tendría "plena capacidad normativa" sobre ellos.
La mordida es de unos 52.000 millones de euros, según los cálculos de la propia Generalidad, que en 2021, último año cerrado, recibió 25.616 millones procedentes de la recaudación general de impuestos. En su intervención ante los medios, Natàlia Mas ha reconocido que se trata de lograr un sistema de financiación idéntico al concierto vasco, pero ha introducido un matiz. La propuesta catalana prevé aportar parte de lo recaudado a un "fondo de reequilibrio territorial", algo que según la consejera no está previsto en el caso vasco. El plan de la Generalidad es que una vez recaudado el 100% de los impuestos, llevará a cabo dos transferencias, una para ese fondo de "solidaridad" y el otro para el pago de los servicios del Estado.
El gobierno de la Generalidad quiere la "soberanía fiscal plena", tener "la llave de 52.000 millones de euros" y no de los menos de cinco mil millones de euros que obtiene en la actualidad por la recaudación de los tributos cedidos.
El proyecto no tiene ningún fallo, según la consejera. Es más, cuenta incluso con el aval de "constitucionalidad" de un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno de la propia Generalidad de Cataluña. El argumento de peso es que el País Vasco y Navarra ya recaudan la totalidad de los impuestos.