La deuda de la Seguridad Social sigue moviéndose en niveles récord. Los pasivos del calamitoso sistema de pensiones cerraron el pasado mes de enero en los 116.172 millones de euros, un millón menos que los 116.173 millones del pasado mes de diciembre, la cifra más alta de la historia.
Si comparamos la cifra actual con los 55.024 millones de 2019, el primer ejercicio completo de Sánchez en el Gobierno, vemos que la deuda de la Seguridad Social se ha más que duplicado bajo su mandato. Estamos ante una herencia envenenada que tendrá graves consecuencias en el futuro. Y es que, los políticos tendrán que seguir subiendo impuestos o hacer recortes para poner mantener el sistema.
Impuestos o recortes
Tan evidente es que las cuentas no cuadran, que el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha ideado en su reforma varios mazazos a las rentas altas y una subida generalizada de las cotizaciones sociales a todos los empleados durante los próximos años para que el sistema de pensiones no salte por los aires ante el aumento del gasto.
Una de las razones de ese aumento del gasto es que Escrivá no ha dudado en seguir otorgando prebendas a los jubilados actuales, que han visto elevadas sus pensiones al IPC en 2023 (8,5%) y 2024 (3,8%). Con esta estrategia, el Gobierno se congracia con un colectivo que aglutina a más de 9 millones de votantes, que son los actuales jubilados, y a su vez, detrae recursos de los jubilados futuros, a los que les da la estocada.
Reforma cosmética para el País Vasco
La sucesora de Escrivá, la socialista Elma Saiz, seguirá los pasos de su antecesor. Eso sí, uno de los retos de Saiz será la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años. A condición de ser investido presidente del Gobierno de nuevo, Sánchez pactó con el PNV regalarle al País Vasco la gestión del régimen de la Seguridad Social.
Aunque la fórmula de este acuerdo está todavía por determinar, lo que está claro es que será el Estado el que va a seguir soportando las pensiones de los ciudadanos vascos gracias a los impuestos y a las cotizaciones de todos los trabajadores del país. Es decir, el cambio será meramente cosmético porque no se romperá la famosa "caja única". La razón no puede ser más definitiva: el País Vasco no podría pagarlo.
Así lo confirmó la semana pasada el propio Ministerio de Hacienda con la publicación de "la primera fase de datos para calcular las cuentas territorializadas de las Comunidades Autónomas de régimen común" elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Esta era una de las exigencias de Junts a Sánchez para hacerle presidente del Gobierno, aunque lo cierto es que el resultado obtenido no beneficia, precisamente, a Cataluña ni al discurso independentista en esa región ni en el País Vasco.
En materia de pensiones, las cifras de Hacienda concluyen que Cataluña gastó 27.085,6 millones de euros en abonar prestaciones, mientras que ingresó 22.714,7 euros por cotizaciones en los diferentes regímenes (general, autónomos...), acumulando un déficit de 4.370,8 millones de euros. El gasto se refiere a pensiones de jubilación (las más cuantiosas) seguidas por las de viudedad o invalidez. A Cataluña le sigue Andalucía, como segunda autonomía con mayor déficit y el tercer puesto lo ostenta el País Vasco, ya que tuvo en 2021 un déficit de 3.568,5 millones de euros en las pensiones.
En el lado contrario de esta clasificación está la Comunidad de Madrid, que ingresó un total de 22.543,2 millones de euros para pagar las pensiones y gastó 21.007,4 millones durante el año 2021 generando un superávit de 1.535,8 millones de euros. El problema de insostenibilidad es tal, que la Comunidad de Madrid y Baleares (165,4 millones) son las únicas regiones, junto a Ceuta (14,6 millones) y Melilla (22,9 millones), que tienen superávit en las pensiones. Esta clasificación coincide con otros cálculos de otros servicios de estudios que ya hemos publicado en Libre Mercado y pone de manifiesto, una vez más, el elevado nivel de solidaridad de Madrid con el sistema autonómico.