Berkeley Minera, la compañía de origen australiano que intentó desde 2012 abrir una mina de uranio en Salamanca, ha cumplido su amenaza de meter a España en un proceso de arbritraje internacional que podría costarle muchos millones al Gobierno de Pedro Sánchez.
La compañía abrió el proceso en noviembre de 2022, con el envío de una carta al Ejecutivo "informando al Reino de España" del incumplimiento del Tratado sobre la Carta de Energía que abre la puerta a demandas de compañías energéticas contra Estados que perjudiquen sus inversiones por sus cambios en sus políticas. En la misiva, avisaban al Ejecutivo de la posibilidad de que solicitaran un arbitraje internacional reclamando al Ejecutivo que se abriera a negociar. Más de un año después, la empresa ha anunciado, en una notificación enviada a la CNMV, que llevará esta "disputa" al Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones.
"Hasta la fecha", señalan, "el Gobierno español no ha querido emprender conversación o negociación alguna" relacionada con la inversión en el municipio salmantino de Retortillo y no les ha dejado, aducen, "otra opción que tomar medidas y reclamar sus derechos sobre el proyecto de Salamanca recurriendo a un arbitraje internacional".
La empresa precisa que ha recurrido a los equipos de abogados especialistas en arbitrajes internacionales Herbert Smith Frehilis España y LCS Abogados, con el fin de preparar y remitir la solicitud de arbitraje al CIADI y que asuman su representación en el procedimiento.
En la nota, Berkeley apunta que continúan "comprometidos" con el proyecto minero y "abiertos a un diálogo constructivo con España" para encontrar una "solución amistosa".
En cuanto a cuál podría ser la factura de este proceso para nuestro país, la empresa señaló en su día que había invertido 86 millones en el proyecto finalmente varado y que nació hace ya doce años con la petición de los primeros permisos para construir una mina a cielo abierto y una planta de fabricación de concentrados de uranio.
Desde la empresa, argumentan que las primeras trabas al proyecto llegaron con el "cambio de gobierno" en 2018. Después, llegaría el no del Consejo de Seguridad Nuclear a la iniciativa, indispensable para que saliera adelante, y la aprobación en 2021 de la Ley de Cambio Climático que recoge específicamente la prohibición de extraer uranio en España, una enmienda que no afectaría al proyecto de Retortillo al tratarse de una concesión ya tramitada pero dejaba claro el rotundo rechazo que suscitaba la idea en el Ejecutivo de Sánchez.