Nuevo capítulo en la guerra abierta entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Berkeley, la empresa que intentó abrir una mina de uranio en Salamanca. El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha desestimado el recurso administrativo que presentó la compañía contra la denegación de la autorización de construcción de sus instalaciones para extraer y procesar uranio en Retortillo.
La medida supone el portazo definitivo del Gobierno al proyecto después de que en 2018 el Consejo de Seguridad Nuclear lo rechazara por "incertidumbres" relativas al almacenamiento de residuos. En su día, Berkeley se quejó de que desde el Ejecutivo les habían tratado de forma "injustificadamente distinta, más estricta y más exigente" y lamentó que el Gobierno no hubiera remitido al CSN la documentación extra y el Informe de Mejora que elaboraron después de que se le negaran los permisos.
Este miércoles, en su respuesta al Gobierno, la compañía insiste en que el Ministerio de Teresa Ribera "ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España" y afirma que "la denegación de construcción no es legal". Aunque la compañía señala que está dispuesta "a dialogar" con el departamento de Ribera "sobre la autorización de construcción" de la mina de uranio, recuerda la posibilidad de que el proceso desemboque en un proceso de arbitraje internacional amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía.
Berkeley, que se queja de que "el Reino de España" aún no ha respondido sobre la posibilidad de que la compañía inicie un litigio internacional, señala que la decisión de Ribera es "inconsistente con las políticas europeas en materia de energía, ya que la nuclear ha sido incorporada en la taxonomía verde europea" y "es reconocida como una de las vías para combatir el cambio climático".
También recuerda en la nota la dependencia de Rusia para el suministro de uranio e incluso se hace eco a la nueva línea de fabricación de combustible nuclear en la fábrica de la pública ENUSA, en Salamanca, para abastecer de combustible a los reactores de diseño ruso en Europa.
"La mina de Retortillo estaría en disposición, en menos de 24 meses, de suministrar el equivalente a la importación actual de uranio que proviene de Rusia y, con posterioridad, podría cubrir la totalidad del combustible para las centrales nucleares españolas durante más de diez años", afirma la compañía de origen australiano, que también señala que 13 de los 27 estados de la UE tienen centrales nucleares y que Finlandia "ha anunciado la aprobación de una nueva mina de uranio".
El intento por abrir una mina de uranio en Salamanca, una región que ya albergó una explotación de este tipo en Saelices El Chico que echó el cierre por su baja rentabilidad, arrancó en 2012 y se enfrentó desde el principio con una fuerte oposición ecologista.
Desde la compañía sostienen que el largo proceso de obtención de permisos se detuvo con la llegada de Pedro Sánchez al poder. En 2021, año en que el Ejecutivo tumbó el proyecto, el PSOE también sacó adelante en el Congreso la Ley de Cambio Climático que incluía la prohibición de explotar uranio en España, un apartado que desde el sector vieron como una respuesta al intento de Berkeley de abrir la mina pero que en todo caso no afectaría a este proyecto, ya con la tramitación en marcha, sino a los que estén por venir.