Este miércoles, la compañía de origen australiano Berkeley Minera anunció a los mercados su intención de emprender un proceso de arbitraje internacional contra España por la frustrada mina de uranio en Retortillo, Salamanca. Era la confirmación de un proceso que comenzó en otoño de 2022 con el envío de una carta avisando "al Reino de España" de los "incumplimientos" del Tratado sobre la Carta de Energía, un marco jurídico para proteger a inversores, y pidiendo "negociar", después de que el Gobierno rechazara definitivamente el proyecto en 2021. Tras un silencio gubernamental que según Berkeley ha durado hasta ahora, la empresa ha anunciado que llevarán su caso al Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi).
Se trata del último capítulo de una larga disputa entre el Gobierno y la compañía, que aterrizó en España hace doce años para tratar de extraer un recurso, el del uranio, que se explotó durante décadas hasta que dejó de ser rentable. Estos son los principales hitos del conflicto que ahora podría desembocar en una demanda millonaria.
¿Uranio en España? El origen del proyecto
La compañía comenzó en 2012 el "desarrollo técnico" de un proyecto para extraer uranio en Salamanca, una provincia que ya había albergado una mina de uranio, la de Saelices El Chico, explotada por la pública ENUSA. La mina echó el cierre en 2000 por la baja rentabilidad ante la caída del precio del uranio. La situación cambió en los años siguientes y varias empresas fijaron sus ojos en un recurso que también se explotó en España en Extremadura, en la mina de La Haba, en Badajoz, y que llegó a convertir a España en el segundo productor europeo en los 80.
Berkeley inició el complejo proceso de obtención de permisos con el fin de llegar a abrir una mina a cielo abierto en el término municipal de Retortillo y una planta de fabricación de concentrados de uranio. Según la empresa, lograron más de 120 permisos de distintas administraciones en un largo proceso aún más exigente por tratarse de material radiactivo y que perseguía la construcción de un complejo capaz de producir 4,4 millones de libras (unas 2.000 toneladas) de uranio al año durante catorce años.
El momento en que se torció
Desde la empresa sostienen que el proyecto se truncó a partir de 2018, con "el cambio de gobierno". 2021 fue el año del carpetazo definitivo: el Ministerio de Transición Ecológica rechazó la mina tras el informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear, basado en las "elevadas incertidumbres" en torno a "aspectos geotérmicos e hidrogeológicos" sobre el almacenamiento definitivo de los residuos de la planta y la "capacidad efectiva de aislamiento de las barreras". Unos meses antes, en mayo, el Congreso había aprobado la Ley de Cambio Climático que incluía la prohibición de explorar, investigar o explotar los recursos de uranio o de ampliar las concesiones existentes, una enmienda que en realidad no podría tener efecto sobre Berkeley porque ya tendría las suyas pero que dejaba claro el rechazo del Gobierno a la posibilidad de que en algún momento España retomar la explotación del uranio y que fuentes del sector no dudaron en vincular a la guerra abierta contra el proyecto de Retortillo.
Las cifras de la demanda
Aunque fuentes de Berkeley evitan hablar de los millones que podrían estar en juego, alegando que aún "están haciendo los cálculos pertinentes", sí cabe recordar algunas de las cifras del proyecto. La compañía afirma que hasta la fecha "se han invertido en el proyecto unos 100 millones de euros" y en su día estimó que el yacimiento podría albergar "un recurso mineral de 89,3 millones de libras de uranio", lo que supondría "el mayor recurso de uranio de la UE".
Desde la empresa señalan a LD que en la demanda habría que incluir no sólo la inversión acometida hasta la fecha sino otros factores, teniendo en cuenta la subida del precio del uranio en los últimos años. Insisten además que si el proyecto se hiciera realidad, la mina podría "cubrir la totalidad del combustible para las centrales nucleares españolas durante los próximos 20 años". Unos números que podrían suponer que la empresa llegara a reclamar al Gobierno español varios cientos de millones de euros.
Los argumentos de Berkeley
Como ya avanzaba la compañía en su nota ante la CNMV, pondrán sobre la mesa en su demanda contra España el informe del Consejo de Seguridad Nacional: la empresa acusó al organismo en su día de adoptar "una decisión arbitraria" y "discriminatoria" al rechazar el proyecto. También acusó al Ministerio que dirige Teresa Ribera de infringir "la normativa sobre procedimientos" al rechazarlo definitivamente. La empresa considera que la denegación de la solicitud de construcción "no es legal" y aducen que no se ha resuelto el recurso administrativo puesto en contra. Afirman que el Ministerio de Ribera rechazó su petición "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", sin tener en cuenta el informe de mejora que elaboraron y que éste no se envió al CSN.
También denuncian un "trato discriminatorio" si se compara la "exigencia de multitud de requisitos" a Berkeley que según su versión se "obviaron en los procedimientos de autorización de instalaciones similares", en alusión a La Haba y Saelices el Chico.
La respuesta de Ribera
Tras el anuncio de la empresa, la ministra de Transición Ecológica reaccionó a la noticia en una rueda de prensa este jueves junto a Alfonso Fernández Mañueco. Ribera señaló que Berkeley está "en su perfecto derecho de hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considere oportunos" al igual, ha avisado, que lo hace España como Estado.
También defendió, en contra de las acusaciones de "arbitrariedad" de la empresa, que la decisión del Gobierno central fue "técnica" y se apoyó "en todos y cada uno de los informes". El procedimiento, añadió, "se dilató mucho a lo largo del tiempo" y la empresa, dijo, "tuvo ocasión de aportar (información) y mejorar en reiteradísimas ocasiones y donde fue importante el informe del Consejo de Seguridad Nuclear".
"Como cualquier particular, está en su perfecto derecho de hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considere oportunos. Nosotros, como Estado, hacemos uso de todos, también ante tribunales de arbitraje", apuntó Ribera, "habrá que ir viendo".