Accedemos al escrito de la Cámara de Comercio de EEUU contra los impagos de Sánchez a las renovables
Libre Mercado ha podido consultar el documento remitido a los tribunales por la patronal norteamericana.
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La patronal estadounidense mueve ficha.
Libre Mercado ha tenido acceso al escrito presentado ante la Corte del Distrito de Columbia por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para pedir a la magistratura del país norteamericano que tome medidas para resarcir a las empresas NextEra y 9REN por los impagos en los que está incurriendo el gobierno de España para no cumplir las sentencias que obligan a compensar a las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.
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El escrito presentado ante la Corte del Distrito de Columbia.
El documento, de cuyo contenido informó este diario el pasado mes de julio, se enmarca dentro de la figura legal del amicus curiae, un mecanismo del derecho común anglosajón que permite a un tercero personarse en una causa en la que considera que tiene interés relevantes. Este tipo de escritos permiten que tales agentes aporten información y contexto, con ánimo de contribuir a que se haga justicia.
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Una cuestión "de gran importancia para la comunidad empresarial" de EEUU.
La Cámara de Comercio, organismo equivalente a la CEOE, recalca que “las empresas estadounidenses participan habitualmente en transacciones comerciales transfronterizas con empresas y países extranjeros. En este sentido, los tribunales de arbitraje proporcionan un mecanismo importante que se utiliza frecuentemente para resolver las posibles disputas que puedan derivarse de estas operaciones. En consecuencia, la interpretación adecuada de estas disposiciones (…) es de gran importancia para la comunidad empresarial de nuestro país. Este escrito ofrece la perspectiva propia de dicha comunidad y explica las implicaciones prácticas de las cuestiones que están en juego y motivan este llamamiento por parte de las empresas estadounidenses”.
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Consideran que el caso es "de interés" para los inversores del país norteamericano.
La Cámara se presenta como “la federación empresarial más grande del mundo. Representa a unas 300.000 entidades corporativas y gestiona los intereses de más de 3 millones de empresas y organizaciones profesionales de todo tipo de tamaño, ocupadas en todos los sectores de actividad y con presencia en todas las regiones de nuestro país. Una función importante de la Cámara es representar los intereses de sus miembros ante el Congreso, el Poder Ejecutivo o los tribunales. Con ese fin, la Cámara presenta periódicamente escritos legales (amicus curiae) ante casos como éste, en el que se plantean cuestiones de interés para la comunidad empresarial del país. La Cámara ha participado en numerosos casos de arbitraje internacional a lo largo de los años”.
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Acabar con los impagos, "esencial para el comercio y la inversión internacional".
La organización recuerda que Estados Unidos ha firmado cuarenta tratados que regulan este tipo de situaciones, así como doce acuerdos comerciales en los que se incluyen cláusulas explícitas de arbitraje y resolución de disputas. Para la patronal, “los arbitrajes ayudan a resolver disputas y su existencia representa una consideración esencial a la hora de materializar decisiones de comercio e inversión internacional. De esta forma, se eliminan posibles barreras comerciales y se promueven las exportaciones y el flujo de capital más allá de las fronteras”. El escrito recalca la medida en que “el inversor estadounidense busca en estos tratados un alivio ante posibles arbitrariedades, de modo que estos acuerdos generan confianza y ofrecen remedios de vital importancia”. Por eso, la Cámara de Comercio de Estados Unidos insiste en la “importancia crítica de la aplicación robusta de estos acuerdos”, señalando que “la efectividad del sistema de arbitraje cuelga del cumplimiento de los laudos”. Así, ante una circunstancia como los impagos que está perpetrando el gobierno de Pedro Sánchez, la patronal del país norteamericano recuerda que “los esfuerzos de los gobiernos para burlar sus obligaciones e incumplir los tratados internacionales amenazan la integridad misma del sistema global de arbitraje y, con ello, van en detrimento de las condiciones esenciales para que se materialicen las decisiones de comercio e inversión en otros países”.
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Los tratados del TCE y el CIADI, en el centro del proceso.
Las denuncias contra España invocan el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que delega posibles arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de Banco Mundial en el que se dirime el 80% de este tipo de arbitrajes. España suscribió ambos acuerdos en la primera mitad de los años 90 y, si bien nuestro país ha comunicado que quiere abandonar el TCE próximamente, tal salida no tendría efecto en los procesos por dos motivos: (1) España era un país miembro del TCE cuando se retiraron las primas renovables de forma retroactiva, y (2) aunque España acabe abandonando el TCE, el cumplimiento del tratado sigue en vigor durante diez o veinte años, dependiendo del protocolo de salida acordado. Tomando en consideración todo esto, el amicus curiae de la Cámara de Comercio recuerda que el CIADI obliga a los países miembros de la convención a reconocer los laudos emitidos por el tribunal y contribuir a su cumplimiento efectivo. Es por este motivo que empresas como NextEra o 9REN han denunciado a España ante la justicia estadounidense: en virtud de las cláusulas propias a la adhesión de un país al TCE y el CIADI, es posible litigar en otras jurisdicciones e invocar ante ellas medidas compensatorias como los embargos que se han puesto en marcha en Reino Unido y que se esperan próximamente en Australia.
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La patronal de EEUU alerta de las “consecuencias catastróficas" de los impagos.
El escrito considera que España “no ha podido acreditar que deba ser considerada inmune ante este tipo de procedimientos” y denuncia las “consecuencias catastróficas para la inversión y el comercio internacional” que se derivan de la actitud incumplidora del gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, la Cámara de Comercio cree que, si la justicia permite que esta situación se mantenga, “se estaría consolidando un camino para que los países esquiven el cumplimiento de estas sentencias, generando todo tipo de obstáculos para esquivar el pago de sus obligaciones”.
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NextEra y 9REN esperan una indemnización de 350 millones.
Las denuncias presentadas por NextEra y 9REN reclaman, respectivamente, el pago de 300 y 50 millones de euros. En total, dos procesos que acumulan 350 de los 1.200 millones reconocidos a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta cifra no para de crecer a raíz de los impagos del gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el mandatario socialista está elevando sustancialmente la factura asociada al pago de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de contratación de abogados y asesores. En total, el sobrecoste ya supera los 250 millones de euros.
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Hay un segundo escrito remitido a la justicia de EEUU para cuestionar los impagos.
Destacados abogados internacionales han presentado recientemente otro amicus curiae ante la justicia estadounidense para insistir en la necesidad de tomar medidas contra los incumplimientos del gobierno de España. Estos juristas alertan a los tribunales estadounidenses de que "la posición adoptada por España amenaza con socavar la gobernanza de los tratados que articulan los flujos de inversión a nivel internacional". Asimismo, consideran que "si Estados Unidos no toma medidas para exigir a España el pago de sus obligaciones, estará incumpliendo las obligaciones del Convenio del CIADI".
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Nikos Lavranos sitúa a España como el país más incumplidor.
Uno de los abogados que suscribe el amicus curiae es el profesor holandés Nikos Lavranos, autor de un informe anual que estudia el grado de cumplimiento de sentencias de arbitraje internacional. Su última entrega de dicho estudio alerta de que España ya supera a Venezuela en el ranking de países con mayor número de laudos pendientes de pago. “España se está disparando en el pie. No se puede minar el estado de derecho, poner en tela de juicio el imperio de la ley y generar tal inseguridad jurídica… Con este tipo de maniobras, lo único que se consigue es destrozar la confianza de los inversores internacionales y golpear la imagen del país ante la comunidad internacional. Además, si se pretendía esquivar el pago de estos laudos, el proceso de embargo de bienes ya ha dejado claro que no hay salida y que España debe pagar sus obligaciones y, en efecto, lo hará de una forma u otra”, señaló Lavranos a Libre Mercado.
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