Tal y como han advertido los expertos, el mercado del alquiler se está reduciendo por culpa de las políticas intervencionistas del Gobierno y de la impunidad okupa. Al tiempo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa aprobando medidas contra los propietarios, sigue sin poner coto a una lacra que cada día se cobra más víctimas, muchas de ellas tanto o más vulnerables que aquellas que dicen serlo para justificar la comisión de un delito.
Itziar es madre soltera, tiene tres hijos de 7, 15 y 18 años y un piso en propiedad del que, sin embargo, no puede disfrutar. Mientras mantiene a sus inquiokupas -una familia marroquí "con empresas" y que, tal y como ella comprobó en su día", "era perfectamente solvente"-, ella no tiene más remedio que vivir en casa de sus padres, dos jubilados a los que esta situación también les está afectando seriamente.
"Los adolescentes duermen con sus abuelos y el pequeño, conmigo. Me deben 20.000 euros y ya no puedo más. Estoy en tratamiento por depresión y también para poder dormir", confiesa entre el dolor y la impotencia. Al igual que tantos otros propietarios que llegan a la Plataforma de Afectados por la Ocupación en busca de una ayuda que el Gobierno les niega, ella tampoco entiende cómo el Ejecutivo es incapaz de asumir la tremenda injusticia que supone convertir en escudo social a pequeños propietarios a los que terminan por condenar a la ruina.
De inquilinos a inquiokupas
Itziar había decidido poner en alquiler el piso de dos habitaciones que tenía en Alcobendas para, con ese dinero, poder alquilar otro en el que vivir con su pareja y sus tres hijos. Finalmente, se lo alquiló a una familia marroquí que, aparentemente, tenía la solvencia necesaria para hacer frente a la renta de 875 euros que les pedía: "Comprobé toda la documentación, vi que tenían empresas y unos ingresos más que de sobra y, por tanto, confié en ellos".
De hecho, no tuvo ningún problema hasta que les comunicó que tenían que abandonar el piso. "En junio de 2022, lo dejé con mi pareja y les informé de que, en septiembre, que era cuando se acababa el contrato, no les podría renovar porque necesitaba recuperarlo para irme a vivir allí con mis tres hijos, porque yo sola no podía hacer frente al alquiler de 1.000 euros de la otra casa", explica. Lo que no se esperaba era su reacción: "No solo me dijeron que no se iban a ir, sino que, además, dejaron de pagarme".
Para Itziar aquello fue un auténtico jarro de agua fría: "Si ya me costaba llegar a fin de mes, imagínate en estas circunstancias". Lo puso en manos de abogados y, confiando en que la Justicia le devolviera rápidamente lo que era suyo, trató de seguir adelante como pudo para no hacer a su casera lo mismo que sus inquilinos le habían hecho a ella. "Gasté todos mis ahorros en ir pagando mes a mes, hasta que llegó un momento en el que vi que con mi sueldo era imposible hacer frente al alquiler y mantenernos a los cuatro, así que nos tuvimos que venir a casa de mis padres".
Dos años de calvario
Lo que pensó que sería algo transitorio, va camino de los dos años. En marzo de 2023, el juez le dio la razón, como no podía ser de otra manera, y ordenó el lanzamiento. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, sus ya inquiokupas alegaron vulnerabilidad, lo que paralizó todo el proceso. "Y así seguimos a día de hoy", lamenta Itziar, que está tratando de demostrar en los tribunales que la realmente vulnerable es ella. "Me deben 20.000 euros y yo tengo que pagar la comunidad, el IBI, los seguros y mantener a mis tres hijos. Mis padres, que ya tienen más de 70 años, nos ayudan como pueden, pero esto nos está afectando a todos tanto económica como psicológicamente -insiste-. De hecho, tengo un tratamiento por depresión y otro para dormir, porque con la preocupación no soy capaz".
La situación en casa de sus padres es desoladora: "Mis hijos mayores duermen con sus abuelos y el pequeño, conmigo, pero ni tienen espacio para estudiar ni intimidad ni nada". Los adolescentes están hartos; sus padres, al límite y ella, desesperada por no poder poner fin a todo esto de una vez por todas. El mayor de sus hijos, además, tiene serios problemas de comportamiento, lo que hace más difícil todavía la convivencia con los abuelos. "Todo esto está afectando a la salud de mis padres y también me está generando un conflicto con mis hermanos", reconoce con impotencia.
Con todo, Itziar hace un llamamiento al Gobierno para poner fin a esta lacra que está destrozando la vida de miles de familias de toda España. "Están utilizando a los pequeños propietarios como escudo social. Y yo no sé si son vulnerables o no. Solo sé que eran solventes y que siempre me pagaron bien hasta que les dije que se tenían que ir -subraya visiblemente indignada-, pero, en todo caso, no me corresponde a mí decidirlo. Si creen que lo son, que les proporcionen una vivienda, pero lo que no puede ser es que nos obliguen a nosotros a mantenerlos porque no somos millonarios y ya bastante tenemos con sacar adelante a nuestras familias".