El Informe Anual que acaba de publicar el Banco de España está dado mucho que hablar porque tumba gran parte de las políticas económicas del Gobierno. Vivienda, sostenibilidad de cuentas, el lucrativo efecto de la inflación en la recaudación gracias a la inflación, las deficiencias del mercado laboral... El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos ha dado numerosos tirones de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el documento (y también en el pasado).
Pero el mandato de Pablo Hernández de Cos termina el próximo 11 de junio, y es el Gobierno el que se va a encargar de nombrar al sucesor. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que ya ha informado de sus preferidos. Así, teniendo en cuenta que, con el presidente actual, el Banco de España ha sido bastante crítico con el desempeño de las políticas del Ejecutivo, todo hace presagiar que "el sucesor o sucesora" que elijan será menos independiente y más afín al Gobierno.
Aplicar recortes en las prestaciones por desempleo
Por ejemplo, será más difícil que el próximo responsable del organismo se atreva a poner encima de la mesa una revisión de las prestaciones por desempleo, como acaba de hacer el propio Pablo Hernández de Cos en la presentación del informe anual. "El sistema de prestaciones por desempleo debe garantizar, por supuesto un nivel de renta, pero al mismo tiempo hay que diseñarlo de una forma que incentive a la activación, la búsqueda de empleo. Sabemos que cuanto más tiempo pasan en el desempleo los ciudadanos, más capital humano pierden y menor es la probabilidad de que vuelvan a encontrar un empleo" señaló De Cos. La misma idea aparece en el informe del Banco de España:
Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral.
El endurecimiento de la posibilidad de retirar el paro si los desempleados rechazan ofertas de empleo, la reducción del tiempo por el que se puede cobrar el subsidio no contributivo o que las cuantías se reduzcan con el tiempo generó el último choque entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño antes de que esta última abandonara el gobierno para hacerse con su ansiado puesto en el BEI. Entonces, la líder de Sumar acusó a su compañera de partido de criminalizar a los parados.
El Banco de España se expresa con toda lógica en este punto: cuanto más generosas sean las prestaciones y se otorguen por más tiempo, menos incentivos tiene el beneficiario a buscar trabajo.
La literatura económica muestra que los incentivos al reempleo son mayores si la cuantía del subsidio disminuye con la duración del desempleo y si dicha cuantía y dicha duración son limitadas.
Por ello recomiendan aplicar ciertos recortes en el paro como "introducir cambios en la duración de las prestaciones/subsidios —posiblemente condicionados al ciclo económico— y/o sendas decrecientes en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección ex ante". También están a favor de "permitir que determinados subsidios/prestaciones sean compatibles, con carácter temporal o permanente, con el empleo".
Facilitar el despido objetivo
Otra observación del Banco de España que no gustará nada a Yolanda Díaz es en lo relativo a las indemnizaciones por despido. El propio Hernández de Cos señaló que "es importante que las empresas tengan márgenes de modificación de las condiciones laborales para reasisgnar los recursos, también de la fuerza de trabajo, incluida la jornada laboral de la que estamos hablando recientemente porque hay una propuesta de reducción de la misma" en referencia a lo pactado entre el PSOE y Sumar.
"Y esto también tiene que ver con el sistema de coste del despido, que básicamente todos los despidos en España son improcedentes y eso posiblemente tenga que ver porque no hemos definido bien cuáles son las condiciones objetivas para que los despidos objetivos sean aprobados por el sistema judicial también de una manera más clara". Sin embargo, Yolanda Díaz lo que pretende es poner más trabas al despido objetivo (que conlleva indemnizaciones mayores) y aprobar el despido a la carta con indemnizaciones todavía mayores para ciertos colectivos.
El Banco de España opta por facilitar el despido objetivo. "Aproximadamente un 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial en España fueron declarados improcedentes o nulos. Esta evidencia, junto con los menores requisitos para iniciar y ejecutar los despidos disciplinarios, parece estar detrás del hecho de que muchos despidos en España se canalicen por esta vía (Jimeno, Mora-Sanguinetti y Martínez-Matute, 2020). En este sentido, para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos" apuntan. "Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo" avisan respecto a la idea de Yolanda Díaz.
Y es que, el Banco de España alerta del daño que hacen estos dos punto a la creación de empleo y al mercado laboral. "Tanto los costes de despido —cuyo objetivo principal es evitar la destrucción ineficiente de puestos de trabajo— como las prestaciones por desempleo —que buscan paliar el descenso de las rentas salariales que sufren los trabajadores desempleados— tienen efectos sobre la empleabilidad y la movilidad laboral. Así, la literatura económica apunta a que unas elevadas indemnizaciones por despido junto a unas generosas prestaciones por desempleo, que empujen al alza los salarios de reserva de los trabajadores, estarían asociadas a un nivel de desempleo estructural alto" concluyen.