Ofensiva de Mónica García contra la sanidad privada. La ministra de Sanidad inició ayer lunes una consulta pública para la "Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud" que su departamento pretende aprobar. Con esta norma, García pretende "cerrar" la Ley 15/1997 que ha permitido a la sanidad privada gestionar hospitales públicos durante los últimos años.
Para la ministra de Más Madrid, la ley actual "abría la puerta a modalidades de gestión que han deteriorado la sanidad". Por eso, pretende dar "vía libre a ese lema de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende". Desde el Ministerio de Sanidad "estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor", ha dicho.
Hoy comienza la andadura de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que dará un portazo a la Ley 15/1997 y al lucro de las empresas privadas con la sanidad pública. 🧵 pic.twitter.com/3hsi0hJO1V
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 13, 2024
"Beneficios obscenos"
Según García, "se ha demostrado que las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas a costa del presupuesto del Sistema Nacional de Salud". Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, la realidad es que modelos con una estrecha colaboración público-privada, como el madrileño, han logrado importantes ahorros de los recursos públicos sin que se produzca un menoscabo en la calidad del servicio sanitario.
La ministra de Sanidad ha prometido "poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos que salen básicamente del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos y ciudadanas", unas palabras que siembran la duda sobre todo el sector.
La ministra ha descubierto que permitir la gestión de la sanidad pública por parte de empresas privadas ha supuesto "la entrada en juego en el ámbito del sistema sanitario público de lógicas de funcionamiento relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales", y eso no le gusta. Por ello, pretende "limitar de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro" sin especificar en qué consistirán esos límites.
Mónica García "criminaliza" al sector
Tras las palabras de Mónica García, la patronal de la sanidad privada ASPE ha salido en defensa de su sector. ASPE considera "irreal la intención de gestionar de manera eficiente un Sistema Nacional de Salud sin la colaboración del sector privado" y observa un "riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública" si se lleva a cabo.
Para el presidente de ASPE, Carlos Rus, "la eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación".
Las empresas privadas ven con "preocupación las expresiones altisonantes e innecesarias pronunciadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que estas declaraciones nuevamente contribuyen a criminalizar la actividad legitima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos", apunta Rus.
ASPE calcula que la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Gestión Pública del SNS le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25 por ciento para las arcas públicas.
Otra patronal que también se ha pronunciado, aunque no tan tajante como ASPE, ha sido el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). En IDIS están de acuerdo "en la introducción de reformas o modificaciones que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible para cumplir con las necesidades crecientes de nuestra sociedad". Sin embargo, "la limitación de la colaboración público-privada en Sanidad por cuestiones ideológicas solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes" advierten.
La nueva ley de la ministra Mónica García también pretende aplicar "mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad" y "facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes".