Mientras el Gobierno no deja de demostrar su ansia por entrar en las empresas privadas, la parte más comunista del Ejecutivo —la correspondiente a Sumar— ha dado un paso al frente en la agenda intervencionista para reclamar sin miramientos un plan de nacionalización de la industria "estratégica" española.
El plan de la vicepresidenta Yolanda Díaz consta de once puntos y no disimula su fin intervencionista. En primer lugar reclama "constituir la Agencia Industrial Pública de España que tendrá como tarea fundamental dirigir la estrategia de reindustrialización de nuestro país, con el objetivo de que en la próxima década la industria aporte el 20 % del PIB de España, cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea en su propuesta de Un nuevo modelo de industria para Europa".
En segundo lugar, pretende "impulsar, a través de dicha Agencia Industrial, un proceso de reindustrialización en España y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética, en el actual contexto de revisión de la globalización", porque "con la política industrial adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido. Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados —y fallidos— de competir mediante devaluaciones salariales, y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad, utilizando la energía para fabricar aquí y no ser un simple exportador de energía".
Pero la gran cuestión es cómo pretenden lograr esas metas. Y es "coordinando, a través de dicha agencia, las actuaciones para el impulso de la transformación digital de la economía española, con inversiones en las actividades estratégicas en ese ámbito, apoyando los proyectos tecnológicos que impulsen la digitalización, con medidas que van desde la gestión del PERTE Chip hasta el impulso de nuevas empresas o la participación en empresas ya existentes". Inversiones públicas, claro está.
Porque debería "incorporarse a la Agencia Industrial a aquellas empresas públicas de carácter industrial, y de forma especial las que ahora dependen de la SEPI. La Agencia se conformará como un organismo público de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Como agencia estatal tendrá personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se encontrará adscrita al Ministerio de Industria".
¿Y a qué se dedicará? Pues a "implementar planes específicos para cada una de las empresas del sector público, adoptando decisiones de inversiones y de gestión que son necesarias para dar el impulso necesario a su actividad productiva, de manera que ello contribuya a generar empleo público y privado de calidad, relacionado con la innovación, y a reducir los desequilibrios territoriales respecto de las zonas del Estado con mayores déficits de inversión en industrias estratégicas como la naval o el aeroespacial".
Y para ello se "canalizará a través de la Agencia Industrial la gestión, la coordinación, la ejecución y el seguimiento de los PERTE de carácter industrial". Es más, y llega la medida estrella, "la Agencia Industrial será el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas que así lo requieran, esto es, cuando se den las circunstancias que amenacen la autonomía estratégica industrial que nuestro país necesita". Y el que decidirá eso será su gobierno.
El plan pide, además, "incorporar este principio de autonomía estratégica industrial como guía en las decisiones de política industrial, de forma estructural y no solo como respuesta a casos particulares o situaciones coyunturales" y "modificar el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores para adaptarlo a las exigencias del nuevo modelo industrial de España y de forma especial, proteger las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese principio de autonomía estratégica, en especial cuando el país de origen de las inversiones no cumplen con los principios de respeto a las libertades y la democracia". Vía libre a la entrada del Estado en las empresas privadas.
Y, como no, todo ello, contando con el separatismo: "Dotar a la Agencia Industrial de un modelo de gobernanza adaptado a la realidad plurinacional de España, asegurando la participación activa de las Comunidades Autónomas. Un modelo de gobernanza participativo que debe contar con la presencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos de nuestro país". Y, por supuesto, regado de fondos públicos: "Crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE) para impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal".