Yolanda Díaz quiso el pasado lunes "rendir cuentas" ante el Congreso sobre su mandato en el Ministerio de Trabajo y también avanzar "las líneas estratégicas" que su departamento quiere llevar a cabo durante esta legislatura. En este segundo punto, el objetivo principal que se ha marcado la fundadora de Sumar es el de "la reducción del tiempo de trabajo, hasta las 37,5 horas a la semana sin merma de las retribuciones salariales".
Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y hasta la propia Díaz llevan años clamando por la necesidad de que los empleados españoles trabajen menos horas cobrando el mismo sueldo. Sin embargo, no ha sido hasta 2023 cuando Yolanda Díaz ha cogido a esta meta por bandera. En este sentido, la ministra de Trabajo no sólo centrará sus esfuerzos en intervenir todavía más las relaciones empresa-asariado, sino que lo hace con la ambición de "mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo" de los ciudadanos, un concepto que ha creado para referirse a cuestiones tan personales como "el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social" volvió a insistir ayer.
Ya en el programa electoral de Sumar, Díaz contempla establecer "por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y abrir un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales", es decir, la famosa semana laboral de 4 días. Sin embargo, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar ambas formaciones pactaban reducir este año la jornada laboral a 38,5 horas y culminando el plan en 2025 con la jornada de 37,5 horas. "A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas" señalaban. Es decir, Sumar y el PSOE se abren a seguir forzando a las empresas a pagar lo mismo por todavía menos horas de trabajo.
Según la ministra, reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas "beneficiará a unos 12 millones de personas asalariadas del sector privado y contribuirá a mejorar la productividad" aunque no explicó de qué manera va a lograr tal hazaña. Recientes estudios como el de Cepyme o el de EY-Sagardoy ponen de manifiesto las graves deficiencias de productividad que azotan España y cuyo problema no va a solucionarse reduciendo las horas de trabajo de los empleados para que sean más productivos. Las patronales de empresarios han criticado la medida porque supone un aumento directo de los costes en las empresas donde los empleados trabajan más de 38,5 horas a la semana y que se suma a la reciente subida del SMI .
Despidos a la carta
Yolanda Díaz insistió esta semana en que bajo su mandato "la extinción de un contrato laboral" tiene que "reparar los daños causados". Esto está relacionado directamente con la idea de Díaz de aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales, claro) según el perfil de cada trabajador despedido en lugar del criterio actual: el tiempo que lleva el empleado trabajando en una empresa antes de ser despedido, que es la referencia clave para calcular la indemnización junto con el tipo despido.
"Estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa" contemplaba la líder de Sumar en su programa electoral.
Directivos y consejos de administración, en la diana
Otra de las medidas que planteó Yolanda Díaz es su comparecencia es la que ha llamado "la democratización de la estructura empresarial del país", que consiste en hacer que los trabajadores tengan representación en los consejos de administración de las empresas y puedan ser partícipes en las decisiones (suponemos, que sin aportar capital), lo que atenta directamente contra la libertad empresarial.
"Hay que abordar el cambio de organización empresarial en las empresas medianas y en las grandes", ha defendido la líder de Sumar, que asegura que no hay "nadie mejor que un trabajador o una trabajadora para defender a sus empresas" en lugar de el dueño (o los accionistas).
En los últimos días, Díaz también ha planteado medidas tan intervencionistas como poner límites a lo que ella considera "los elevadísimos salarios de muchos de los miembros de la dirigencia de las grandes compañías". Para la ministra, "no hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino en estos salarios máximos" de los directivos "que son abusivos".
Eso sí, Díaz todavía no ha planteado cómo llevaría a cabo esta difícil tarea, aunque pone en la diana a los impuestos: "Yo no he dado una medida concreta, pero hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego éste es el debate y no el de los salarios mínimos en un país en el que tenemos una diferencia de 25 puntos en términos salariales con la media europea", dijo.