La ministra Mónica García está en ofensiva contra la sanidad privada. Pero, por lo visto, su formación -Sumar- lo está también contra la capacidad de financiación de la sanidad pública. La ministra de Sanidad impulsa en estos momentos la "Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud". Con esta norma, García pretende "cerrar" la Ley 15/1997 que ha permitido a la sanidad privada gestionar hospitales públicos durante los últimos años. Traducido: que ha permitido sumar recursos privados a la gestión de los hospitales públicos ante el evidente déficit público de España: más de 53.000 millones de números rojos públicos a cierre de 2023.
Y ahora su formación, Sumar, ha decidido cargar contra el copago regulado en 2012 para buscar una vía de financiación adicional del gasto público.
Para la ministra de Más Madrid —integrado en Sumar—, la ley actual "abría la puerta a modalidades de gestión que han deteriorado la sanidad". Por eso, pretende dar "vía libre a ese lema de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende". Desde el Ministerio de Sanidad "estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor", ha dicho.
Lo cierto que modelos con una estrecha colaboración público-privada, como el madrileño, han logrado importantes ahorros de los recursos públicos sin que se produzca un menoscabo en la calidad del servicio sanitario. Todo lo contrario: la mejor sanidad española, según Bruselas, es la madrileña. Es más, ha sido seleccionado como la más competitiva de toda Europa.
Pero eso es lo de menos para la ministra de Sanidad, que ha prometido "poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos que salen básicamente del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos y ciudadanas".
Pues bien, en medio de una reforma que puede expulsar infinidad de recursos privados del sector sanitario, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha decidido cargar simultáneamente contra el copago farmacéutico.
"En el año 2012 el Gobierno del Estado español del Partido Popular impuso, mediante el Real decreto ley 16/2012, el copago farmacéutico para la totalidad de la población sin hacer ningún tipo de distinciones por motivos de capacidad económica ni situación de vulnerabilidad", señala. "Con esta medida se abrió la puerta a la pobreza farmacológica, generando que las personas o familias con dificultades económicas tengan problemas para acceder a productos farmacéuticos necesarios para su salud", añade.
Y, por ello, exige "la derogación del Real decreto ley 16/2012 y, a la vez, la implementación de políticas que amplían el número de colectivos beneficiarios hasta que la derogación de este Real decreto ley sea efectiva".
En concreto, la plataforma de la que forma parte el partido de Mónica García busca "implementar los cambios normativos necesarios para erradicar la pobreza farmacológica en todo el Estado español, y recuperar derechos en materia sanitaria eliminando la adopción de medidas que implican un copago de los productos farmacológicos, derivados del Real decreto ley 16/2012". Y, "mientras tanto, implementar medidas que amplíen la cobertura, especialmente entre las personas potencialmente beneficiarias de las ayudas a compensar el copago farmacéutico".