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Yolanda Díaz impondrá un protocolo LGTBI a más de 30.000 empresas "desde ya"

"Seremos el primer país de Europa que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI" ha presumido Díaz, que exigirá "formación específica".

"Seremos el primer país de Europa que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI" ha presumido Díaz, que exigirá "formación específica".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el exterior del pleno del Congreso donde este miércoles se celebra el pleno. | EFE

Yolanda Díaz impondrá una nueva tarea para las más de 30.000 empresas en España que tienen en plantilla a más de 50 empleados en España. La ministra de Trabajo ha anunciado este lunes un acuerdo con patronal y sindicatos "sobre la igualdad y la no discriminación LGTBI en el ámbito laboral con medidas pioneras e importantes para el colectivo".

"Ya le anuncio que acabamos de cerrar un acuerdo tripartito (con patronal y sindicatos), que tiene que ver con los derechos de las personas trabajadoras LGTBI en España. Pues vamos a ser el primer país que legisla en esta materia y con acuerdo en el diálogo social con empresarios, sindicatos y el ministerio de Economía", ha avanzado Díaz en una entrevista con García Ferreras en La Sexta.

"Seremos el primer país de Europa que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI en España" ha presumido Díaz, que asegura que "a partir de ya, todas las empresas españolas de más de 50 empleados van a tener que negociar una serie de medidas coordinadas para evitar las prácticas desiguales de las personas LGTBI".

34.596 empresas tendrán que cumplir

Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo sobre el tamaño de las empresas españolas, a cierre del pasado mes de abril, de las 2.944.407 empresas que había inscritas en la Seguridad Social en nuestro país, 5.928 compañías estaban dentro de la categoría de "grandes" por tener 250 o más empleados y 28.668 eran consideradas "medianas" por tener entre 50 y 249 trabajadores. En total, la nueva medida implicará a 34.596 compañías, como se observa en la tabla.

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Cabe recordar que en España se da un fenómeno, que es conocido como la maldición del empleado 50, que impone una dura regulación laboral, fiscal y legal a las compañías que osan superar el empleado número 49. Ahora, Yolanda Díaz les va a exigir otra nueva lista de obligaciones a todas ellas. Este es uno de los motivos que desincentiva a las empresas "pequeñas" a crecer.

Impondrá "formación específica" LGTBI en las empresas

"Y no sólo eso" ha añadido Díaz. Las empresas de más de 50 empleados "van a tener que hacer planes de acompañamiento a las personas trans, van a tener que tener formación específica en las personas LGTBI, cuáles son sus condicionantes y diseñar protocolos antiacoso a las personas LGTBI en España" ha enumerado la líder de Sumar. Así, todas estas medidas implicarán un nuevo sobrecoste de tiempo y dinero en el normal funcionamiento de las empresas.

En el Ministerio de Trabajo también han desglosado "los detalles" de esta medida, aunque no queda muy claro en qué consistirán. Según el departamento de Yolanda Díaz, serán necesarias "prácticas preventivas" y "mecanismos de detección" para "garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para asegurar los derechos de las personas LGTBI". Además, "la formación para la igualdad y no discriminación será clave e incluirá módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y de oportunidades y también la no discriminación" aseguran.

Esta no es la primera vez que Díaz se propone favorecer a un colectivo frente a otro en el ámbito laboral. Recientemente, la líder de Sumar confirmó que ha activado un registro "voluntario" y "confidencial" con la orientación sexual de los parados para dar "prioridad" a la comunidad "LGTBI" a la hora de buscar empleo.

Además, Yolanda Díaz también ha planteado el polémico despido a la carta, que consiste en encarecer la indemnización de un trabajador de más edad, de una mujer o de una persona LGTBI (los considerados por Trabajo como vulnerables). Sin embargo, su implantación podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.

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