Nick Cherryman, uno de los abogados defensores de las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, visitó Madrid el pasado 30 de mayo para participar en la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica e Inversión. Durante su intervención, recalcó la importancia de que "España cumpla con sus obligaciones internacionales, aborde las deudas derivadas de tratados internacionales adquiridos hace décadas y pague los laudos de las renovables".
El jurista británico, que participó en el embargo de la indemnización del Prestige, valorada en 900 millones, recalcó que "España firmó el Tratado de la Carta de la Energía y el Convenio del CIADI, de modo que los arbitrajes reclamados por las empresas tras la retirada retroactiva de las primas renovables son procedimientos legítimos que deben ser reconocidos. Si la situación se ha deteriorado es porque no se han respetado los compromisos existentes en materia de derecho internacional".
Considerado un experto de talla mundial en el registro de laudos y el embargo de bienes, el ponente recordó que "las empresas afectadas pidieron casi 10.000 millones a España, pero la cifra actual de obligaciones se sitúa en el entorno de los 2.000 millones. Por lo tanto, la reducción es importante y facilita el cumplimiento. Eso sí: cada día que pasa, los intereses de demora son mayores".
Al igual que hizo el académico holandés Nikos Lavranos, Cherryman aprovechó el evento celebrado en Madrid para invitar al gobierno a negociar con los afectados y buscar una salida que ponga fin al problema.
Un golpe a quienes invirtieron 70.000 millones
Cherryman recordó a los asistentes el caso de una empresa "que levantó en Granada la que era en aquel entonces la mayor planta de energía solar fotovoltaica de Europa. En total, las empresas afectadas inyectaron más de 70.000 millones de euros en la economía española. Cambiar las reglas de juego en mitad del partido hizo que se produjesen los arbitrajes, en los cuales España ha sufrido unas 26 condenas".
En su opinión, "España insiste en que el derecho comunitario le impide desembolsar las indemnizaciones, pero la justicia británica, australiana, alemana o suiza ha tumbado las pretensiones de la Abogacía del Estado. Persistir en este enfoque me recuerda la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento… Lo sensato es reconocer que esta situación no tiene por qué seguir deteriorándose y abrirse a un acuerdo".
"Los inversores se han visto obligados a tomar medidas orientadas a embargar activos de España en diferentes países del mundo, pero estas acciones son solamente una consecuencia derivada de los impagos. Lo que quieren los afectados no es otra cosa que una solución viable que permita poner fin a los litigios. Eso mismo es lo que favorecerá la Unión Europea si se alcanza tal entendimiento", concluyó.