Menú

El Gobierno persigue anuncios de pisos turísticos para cazar propietarios que usan esta norma para escapar de los okupas

El Ministerio de Derechos Sociales ha abierto una investigación para perseguir "prácticas comerciales desleales con las viviendas turísticas".

El Ministerio de Derechos Sociales ha abierto una investigación para perseguir "prácticas comerciales desleales con las viviendas turísticas".
Centro okupado en Barcelona | Cordon Press

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación, no para proteger a los propietarios de viviendas en alquiler, no para proteger a los usuarios de pisos turísticos. No: lo ha hecho para perseguir a los propietarios de pisos en alquiler totalmente estables que se han refugiado en la norma de viviendas turísticas para evitar verse atrapados y sin defensa cuando les entra un okupa en sus propiedades.

El objeto de investigación se centra, según ha confirmado el propio Ministerio, en "potenciales prácticas comerciales desleales en relación con las viviendas turísticas que operan sin licencia y que se anuncian por toda España en plataformas destinadas al alquiler turístico". "Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este Ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas. Serían prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y que, por tanto, supondrían una infracción que puede "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", señalan desde la Dirección General de Consumo.

Lo cierto es que esa investigación permite cazar a dos tipos de propietario: el primer, el que realmente tiene viviendas turísticas sin licencia. Y, el segundo, al que se anuncia por medio de ellas pero busca un inquilino estable sin quedar atrapado en la ley general que concede una protección extra a los arrendatarios en caso de impago siempre que se trate de personas vulnerables o de familias.

"Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la cual el ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas", afirma el Ministerio. "Sobre esta base, la Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general".

Con la información que se recabe a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Así mismo, desde la Dirección General de Consumo se recalca que la apertura de esta investigación "no prejuzga el resultado final de la misma".

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Biblia Ilustrada
    • Libro