Las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables buscan alcanzar un acuerdo con el gobierno español para resolver las disputas pendientes. Este anuncio, formulado la pasada semana en Madrid el marco de la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica, pretende poner fin a una problemática que afecta a 26 empresas e inversores.
En total, las obligaciones pendientes de pago son de 1.562 millones, pero a esta cifra hay que sumarle 310 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, así como el impacto del procedimiento de default técnico abierto contra España o el efecto del embargo cautelar de distintos bienes y activos de nuestro país radicados en Reino Unido.
Alemania también se enfrentó a una disputa de este tipo en el marco del caso Vattenfall. La empresa sueca llevó al gobierno teutón a un arbitraje internacional, amparándose en el mismo Tratado de la Carta de la Energía (TCE) que dio cobertura a las denuncias contra España por la retirada retroactiva de las primas renovables.
En el caso de Vattenfall, la empresa nórdica operaba varias plantas nucleares en el país. Ante la decisión del gobierno teutón de cerrar tales infraestructuras, los afectados invocaron la cláusula de arbitraje del TCE y llevaron este caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial que canaliza este tipo de procedimeintos.
El proceso de arbitraje fue complejo y se extendió durante varios años. Vattenfall presentó su reclamación inicial en 2012, tras lo cual se constituyó un tribunal del CIADI encargado de juzgar el caso. La defensa de Vattenfall argumentó que el cierre prematuro de sus plantas nucleares resultaría en daños financieros sustanciales, cuantificados originalmente en 5.000 millones de dólares.
Un acuerdo formalizado en 2021
En marzo de 2021, Vattenfall y Alemania alcanzaron un acuerdo. El pacto incluye una compensación a Vattenfall por una suma de aproximadamente 1.600 millones, de los cuales 1.400 millones se correspondieron con un pago directo y otros 200 millones, con ciertas modificaciones de las condiciones fiscales aplicables a la operativa de Vattenfall en suelo germano.
Los términos principales del pacto entre las partes se promulgaron como una enmienda a la Ley Atómica Alemana, vigente a partir del 31 de octubre de 2021. A partir de entonces, los procedimientos del TCE quedaron descontinuados y Vattenfall puso fin a su litigio con el país teutón, en línea con el acuerdo alcanzado.
El gobierno alemán cumplió con el fallo del CIADI, adhiriéndose a sus obligaciones legales internacionales y manteniendo de esta forma su compromiso con el Estado de Derecho. La negociación fue larga y compleja, pero ambas partes resolvieron la diferencia a base de sentarse y llegar a un acuerdo.
A diferencia de Alemania, España sigue sin cumplir con los acreedores de laudos arbitrales, lo que ha llevado a los citados procedimientos de embargo de bienes y activos de nuestro país en el extranjero. Por este motivo, la experiencia de Alemania con la salida del caso Vattenfall parece especialmente relevante para poner punto y final a la situación que atraviesa nuestro país.